Una controversia política ha surgido en Puerto Rico después de que un exgobernador y un congresista acusaran a la gobernadora Jenniffer González de «traicionar a los dominicanos» al entregar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos un listado con nombres y direcciones de dominicanos indocumentados para su detención y deportación.
Pablo Hernández, representante de Puerto Rico en el Congreso de EE. UU., expresó: «El Gobierno de Puerto Rico traicionó a los dominicanos… les dieron tres golpes y luego los tiraron al mondongo. Nadie puede defender que un gobierno engañe a su comunidad más vulnerable. Nadie puede defender que el gobierno les pida información personal para darles una licencia de conducir y que luego entregue la misma al gobierno federal».
Alejandro García Padilla, exgobernador de Puerto Rico, criticó duramente a González por comentarios que, según él, estigmatizan a la comunidad dominicana en Puerto Rico y promueven un discurso excluyente. «Entregando seres humanos para que los deporten… y el gobierno de Puerto Rico luego viene a decirle a la comunidad dominicana que los defiende y que los favorece. Hay que ser genuinamente malvada, terrible, para haberle entregado esa lista a la gente que va a irlos a buscar a sus casas para deportarlos. Gente que lo único que quiso fue manejar legalmente por las calles de nosotros para ir a hacer los trabajos que los puertorriqueños no están dispuestos a hacer», dijo Padilla.
Las declaraciones de García Padilla surgen luego de que la directora de Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, confirmara a la cadena pública NPR que su agencia solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas de la isla información sobre cuántos inmigrantes poseen licencias de conducir.
González Ramos estimó que en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses hay alrededor de 20,000 inmigrantes indocumentados, y afirmó que la meta de su oficina es deportar al 100% de esa población. También indicó que, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han arrestado a cerca de 500 inmigrantes con órdenes de deportación. De estos, menos del 80% tenía antecedentes penales, y entre los que sí los tenían, el delito más común era el reingreso ilegal tras una deportación previa. Según la funcionaria, aproximadamente el 75% de los arrestados son ciudadanos dominicanos.
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