El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 326-25 firmado el pasado 16 de junio, concedió pensiones especiales del Estado por 50,000 pesos a 116 economistas y elevó a este monto las pensiones de seis personas más. Aunque la disposición especifica las identidades de los pensionados que tendrán un aumento, una investigación de Diario Libre reveló que al menos 18 de estos beneficiarios ya figuran como pensionados.
La norma establece que, en caso de que los favorecidos ya estén disfrutando de una pensión del Estado, podrán optar por la pensión que más les favorezca. La efectividad de estos pagos será a partir de la fecha en que los beneficiarios formalicen su solicitud ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda.
Los beneficiarios tendrán un plazo de hasta tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, a partir de la fecha en que el interesado haya tramitado su solicitud de inclusión en la Nómina de Pensionados. La disposición también contempla que la remuneración se considerará efectiva y con derecho a pago retroactivo después de cumplido dicho plazo.
A través del portal de la Contraloría General de la República (CGR), se verificó que los profesionales beneficiados por el decreto 326-25 provienen de diferentes instituciones. De los 116 economistas mencionados, solo 15 aparecían como colaboradores activos en alguna organización hasta junio de 2025.
Entre los beneficiarios, Cecilio Reyes figura en la nómina de junio como empleado temporal, en calidad de analista de capacitación de la Oficina Regional de Planificación de la región Este del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con un salario de 80,000 pesos. Ana Suero, por su parte, se encuentra contratada como analista de Fiscalización y Control en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) con un sueldo de 85,000 pesos.
Eusebio Rodríguez aparece en la última nómina disponible del Ministerio de Educación como auxiliar administrativo del Departamento de Presupuesto, con un sueldo neto de 70,000 pesos. Ángel Inoa, encargado de Planificación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, gana 120,000 pesos, mientras que Wellington Guerrero, encargado administrativo de la Dirección General de Embellecimiento, percibe 45,000 pesos.
Entre los casos consultados, se encuentran dos personas cuyos nombramientos no corresponden a áreas económicas. Luis Fellito Moscoso percibe un salario de 25,000 pesos como ayudante del Plan Nacional de Alfabetización en el Ministerio de Educación. Porfiria Ferrera Medina, por su parte, recibió su pensión por antigüedad a través del Ministerio de la Mujer, donde laboraba como abogada del Departamento de Atención a la Violencia con un salario de 50,000 pesos.
Según el portal de consulta de la Contraloría General de la República, Mirtha Sierra figura como parte del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial con un sueldo de 100,000 pesos. No se pudo verificar si esta persona forma parte de una unidad del área económica o financiera, ya que las nóminas de los cuerpos castrenses están organizadas solo con sus rangos o cargos.
Al hacer una búsqueda en la web sobre los beneficiarios, se pudo verificar que algunos también están activos en diferentes universidades privadas como docentes de asignaturas relacionadas con la economía. El reconocido economista y actual presidente del Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), José Francisco Peña Domínguez, forma parte de los beneficiarios del referido decreto.
Una investigación reciente de Diario Libre reveló que uno de cada cinco decretos del presidente está relacionado con la concesión de pensiones y jubilaciones. Desde el 1 de enero hasta el 16 de junio de este año, el mandatario emitió 328 decretos, de los cuales 69 estuvieron destinados a otorgar pensiones y jubilaciones de distintas categorías, lo que representa el 21% del total.
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