El presidente Donald Trump anunció este martes que, a partir del 1 de febrero de 2026, su administración suspenderá el financiamiento federal a las ciudades santuario, jurisdicciones que limitan su cooperación con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias. Trump argumentó que estas ciudades protegen a «criminales» y promueven el fraude, declarando desde un evento en Detroit: «No realizaremos ningún pago a ciudades o estados que se declaren santuario, porque hacen todo lo posible para proteger a los delincuentes a expensas de los ciudadanos estadounidenses». Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para presionar a las jurisdicciones que no colaboran con las políticas migratorias federales.
La decisión llega tras un caso de fraude millonario en Minnesota, vinculado a programas de cuidado infantil financiados con fondos federales, que beneficiaban principalmente a miembros de la comunidad somalí. Trump aprovechó este incidente para justificar su postura, afirmando que «hemos suspendido los pagos relacionados con presuntos estafadores en Minnesota, de los cuales hay muchos». Además, la administración anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de ese país, lo que agrava las tensiones con las jurisdicciones que protegen a los inmigrantes.
Sin embargo, esta medida podría enfrentar obstáculos legales, como ya ha ocurrido en el pasado. En 2025, un juez federal en San Francisco bloqueó un intento similar de Trump de retirar fondos a ciudades como Boston, Chicago, Denver y Los Ángeles, argumentando que la administración no podía condicionar el financiamiento federal. Más recientemente, el 9 de enero de 2026, otro juez en Nueva York frenó temporalmente la suspensión de subsidios para programas de cuidado infantil en cinco estados, incluyendo Minnesota, mientras se resuelven los argumentos legales.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ya ha advertido que su ciudad será «implacable» en la lucha por recuperar «cada dólar retenido por la Administración Trump», argumentando que «esos fondos pertenecen al pueblo de Chicago, no al presidente». Esta batalla legal refleja un conflicto más amplio entre el gobierno federal y las ciudades santuario, que se niegan a colaborar con agencias como ICE en la aplicación de leyes migratorias, basándose en la Décima Enmienda de la Constitución, que protege la autonomía de los estados y gobiernos locales.
