Una investigación necesaria sobre prácticas cuestionables Un grupo de 68 congresistas demócratas, liderados por Adriano Espaillat y Ron Wyden, ha solicitado una investigación urgente al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, para examinar las compras de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses realizadas por el ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin una orden judicial. Esta petición surge tras revelaciones de que el ICE reanudó estas prácticas, a pesar de que en 2023 se determinó que eran ilegales.
Un historial de irregularidades En 2023, una investigación del inspector general del DHS concluyó que el ICE violó la ley al comprar datos de ubicación sin autorización judicial, lo que llevó a la suspensión del programa. Sin embargo, en 2025, el ICE contrató sin licitación a Penlink, una empresa vinculada a Cobwebs Technologies, conocida por su historial de vigilancia abusiva. Meta prohibió a Cobwebs en 2021 tras descubrir que sus clientes espiaban a activistas y políticos en varios países.
Riesgos para la privacidad de los ciudadanos Los legisladores advirtieron que los datos de ubicación son extremadamente sensibles, ya que pueden exponer detalles íntimos como creencias religiosas, afiliaciones políticas, condiciones de salud y relaciones personales. «El gobierno debe obtener una orden judicial para acceder a esta información», señalaron en su carta a Cuffari, destacando la gravedad de las posibles violaciones.
Falta de cooperación del ICE El ICE ha evitado la supervisión del Congreso. En octubre de 2025, el senador Wyden solicitó una reunión informativa, pero el ICE la canceló sin explicación en febrero de 2026, lo que aumenta las sospechas de que la agencia está ocultando información sobre sus prácticas de vigilancia.
Demandas específicas de la investigación Los congresistas pidieron al inspector general que investigue:
- Si el ICE y el DHS están adquiriendo datos de ubicación de manera ilegal.
- Si estos datos se han usado para monitorear actividades protegidas por la Constitución, como protestas.
- Si el DHS ha realizado auditorías para detectar abusos en el acceso a estos datos.
- Por qué el DHS no ha implementado políticas para regular el uso de datos de ubicación, como se recomendó en 2023.
Un esfuerzo por proteger los derechos civiles La carta, respaldada por legisladores como Alex Padilla, Elizabeth Warren y Cory Booker, refleja una creciente preocupación por la privacidad de los ciudadanos y el uso indebido de fondos públicos. Los congresistas subrayaron la necesidad de transparencia y rendición de cuentas para evitar que el ICE y el DHS violen derechos fundamentales.
Hashtags: #PrivacidadDigital #ICE #DHS #TransparenciaGubernamental #DerechosCiviles
