martes 12 de mayo de 2026 13:17 pm
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«República Dominicana: La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas ya es obligatoria»

El plazo de 180 días se agotó: la normativa ya está en vigor

En República Dominicana, la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas ya es una realidad. Tras cumplir el plazo constitucional de 180 días desde su promulgación, la normativa entró en vigor de manera obligatoria para todas las instituciones públicas del país. Este hito marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de los contratos estatales.


La DGCP detalla el proceso de implementación

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) explicó que la entrada en vigor de la ley no es un simple trámite administrativo, sino el punto de partida para una implementación gradual. Este proceso incluirá la elaboración de reglamentos y la supervisión constante para asegurar que todas las entidades públicas adapten sus procedimientos a las nuevas exigencias.


Los contratistas celebran: «Es un triunfo constitucional»

Miguel Liberato, portavoz de los contratistas del Estado, destacó que la aplicación de la ley representa «un triunfo de la Constitución». Según su análisis, al vencerse el plazo de vacancia legal, la normativa ya tiene carácter vinculante y debe ser aplicada sin excepciones en todo el sistema de contrataciones públicas.


¿Qué novedades introduce la Ley 47-25?

La nueva legislación incorpora cambios fundamentales para mejorar la eficiencia y transparencia en las contrataciones públicas:

  • Plazos más claros para los pagos y procesos de contratación.
  • Mayor control en la transparencia de las compras estatales.
  • Sanciones más severas para los incumplimientos, con el objetivo de disminuir la morosidad y fomentar la responsabilidad en la ejecución de los contratos.

Un avance hacia la eficiencia y la rendición de cuentas

La puesta en marcha de la Ley 47-25 es un paso clave para modernizar el sistema de contrataciones públicas en República Dominicana. Se espera que esta normativa agilice los procesos, aumente la transparencia y fortalezca la confianza entre el Estado y los contratistas, creando un marco más equitativo y eficiente para todas las partes.

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