Nueva York enfrenta una crisis de residuos sin precedentes, con 24 millones de libras de basura y reciclaje recolectadas diariamente en las calles de la ciudad, una cantidad equivalente a 50 Estatuas de la Libertad, mil autobuses escolares o dos mil elefantes adultos. Ante este escenario, legisladores estatales, funcionarios y activistas ambientales han intensificado sus esfuerzos para aprobar la Ley de Reducción de Envases e Infraestructura de Reciclaje (PRRIA), una propuesta que busca transferir parte del costo del manejo de residuos a las grandes empresas productoras de empaques.
En una conferencia de prensa realizada en el South Street Seaport de Manhattan, el comisionado del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY), Gregory Anderson, junto a organizaciones ambientalistas y legisladores, advirtió que el exceso de empaques plásticos y la falta de responsabilidad corporativa han agravado la crisis. La PRRIA (S1464A/A1749A) propone aplicar el principio de «Responsabilidad Extendida del Productor» (EPR), que obligaría a fabricantes y distribuidores a financiar y rediseñar los sistemas de recolección y reciclaje, aliviando así la carga económica que actualmente recae sobre los contribuyentes neoyorquinos.
La asambleísta estatal Grace Lee destacó que, aunque los ciudadanos hacen esfuerzos por reciclar, el costo económico y ambiental sigue siendo desproporcionado. «Cada año, Nueva York gasta cientos de millones de dólares exportando basura a otros estados, recursos que podrían destinarse a vivienda, escuelas, parques y transporte público«, explicó. Lee también subrayó que el East River, por donde diariamente se transportan enormes cantidades de residuos, es un símbolo de la insostenibilidad del sistema actual.
El comisionado Anderson ofreció datos impactantes: «24 millones de libras de basura al día» son recolectadas por los trabajadores del DSNY, y la mayor parte termina en vertederos de otros estados, con un costo anual de 550 millones de dólares para la ciudad. «Mucho de lo que se desecha es empaque. Cuando compras un producto, no tienes control sobre cómo viene empacado, y con las compras en línea, el problema se multiplica: cajas dentro de cajas, bolsas dentro de bolsas», señaló. Anderson criticó que las grandes corporaciones se benefician de este modelo sin asumir responsabilidad, mientras que consumidores y trabajadores de saneamiento cargan con las consecuencias.
El senador estatal Bryan Kavanagh, otro de los defensores de la iniciativa, describió el actual sistema como una crisis ambiental estructural. «Vivimos en una sociedad donde tomamos recursos naturales, los convertimos en productos y luego los desechamos sin manejar responsablemente su ciclo de vida», afirmó. Kavanagh criticó a la industria del plástico y el empaque por priorizar la atractividad comercial sobre la reducción de residuos y toxicidad, dejando la carga a los contribuyentes y gobiernos locales.
La PRRIA también es vista como una medida de justicia ambiental, ya que las comunidades de bajos ingresos y vecindarios marginados suelen soportar el mayor impacto de la contaminación y las estaciones de transferencia de residuos. «Los vecindarios ricos pueden evitar muchos de estos impactos, pero las comunidades vulnerables siguen cargando con la contaminación», denunció Lee.
La ley propone medidas concretas, como la reducción gradual de empaques plásticos, la financiación por parte de los fabricantes de sistemas de reciclaje, la prohibición de químicos tóxicos en envases y el establecimiento de metas obligatorias de reciclaje y reutilización. Además, busca crear infraestructura moderna de reciclaje financiada por la industria privada y disminuir los empaques innecesarios en el comercio electrónico.
Los impulsores de la propuesta han advertido que quedan apenas unas semanas para que la Legislatura estatal apruebe el proyecto antes del cierre de la sesión en Albany.
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