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Ocho legisladores ligados a bancas de apuestas tienen poder de decisión sobre nueva ley de juegos de azar

Last updated: 17 de agosto de 2026 16:50

por Ángela Ramírez /https://deultimominuto.com/

Santo Domingo, R.D.– Ocho legisladores que actualmente ocupan una curul en el Congreso Nacional, siete diputados y un senador, han declarado participaciones, propiedades o vínculos económicos con empresas y negocios relacionados con los juegos de azar, mientras el Poder Legislativo conoce el proyecto de Ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque siete de los ocho congresistas identificados pertenecen a la Cámara de Diputados, órgano legislativo donde fueron introducidas modificaciones al texto previamente aprobado por el Senado que cambian las condiciones económicas y operativas del sector.

Entre esas modificaciones figura una moratoria de diez años para la instalación de nuevos establecimientos de juegos de azar, contemplada en el artículo 191 del texto aprobado por la Cámara de Diputados y que no estaba incluida en la versión sancionada originalmente por el Senado.

De mantenerse esta disposición en la legislación definitiva, durante una década quedaría restringida la instalación de nuevos establecimientos, mientras podrían continuar operando aquellos negocios que actualmente cuentan con las autorizaciones correspondientes.

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La existencia de participaciones o intereses empresariales declarados por los legisladores no constituye, por sí misma, una irregularidad ni demuestra que estos hayan intervenido en la elaboración de disposiciones destinadas a favorecer sus intereses particulares.

Sin embargo, la situación plantea interrogantes sobre potenciales conflictos de interés debido a que el Congreso Nacional conoce una legislación que modifica directamente las condiciones bajo las cuales opera un sector económico en el que estos legisladores han declarado intereses.

Los ocho legisladores con intereses declarados en el sector

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De acuerdo con las declaraciones juradas de patrimonio consultadas, los intereses identificados corresponden a siete diputados y un senador. Cuatro pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), tres a Fuerza del Pueblo (FP) y uno al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, senador de Fuerza del Pueblo, figura relacionado en su declaración jurada con el Consorcio de Bancas Eduard.

Domingo Eusebio de León Mascaró, diputado de Fuerza del Pueblo, registra vínculos declarados con el Consorcio de Bancas La Solución y Loteka.

Sergio “Gory” Moya de la Cruz, diputado del PRM, reporta en su declaración jurada acciones en La Solución Sport SRL, empresa cuya actividad económica está relacionada con las bancas de apuestas.

Juan Carlos Echavarría Milané, diputado del PLD, aparece como propietario del Consorcio de Bancas Joselito.

Carlos José Gil Rodríguez, diputado de Fuerza del Pueblo, figura relacionado con el Consorcio de Bancas La Dinámica.

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Orlando Antonio Martínez Peña, diputado del PRM, registra Bancas OM y además figura como accionista de Lotedom.

Melvin Alexis Lara Melo, diputado del PRM, aparece relacionado con Bancas Alex Lara.

Alexander Javier Cuevas, diputado del PRM, completa el grupo de ocho legisladores identificados y figura vinculado a Bancas Alex Sport.

Las declaraciones patrimoniales constituyen la fuente documental de estas vinculaciones y permiten establecer la existencia de intereses económicos declarados relacionados con actividades reguladas por el proyecto que actualmente se encuentra bajo conocimiento del Congreso Nacional.

Moratoria de diez años limitaría nuevos establecimientos

Una de las modificaciones de mayor impacto aparece en el artículo 191, que establece una moratoria de diez años para la instalación de nuevos establecimientos de juegos de azar.

La disposición supone que durante ese período se limitaría la entrada de nuevos establecimientos al mercado, mientras continuarían operando aquellos que hayan obtenido previamente las autorizaciones establecidas por las autoridades competentes.

La moratoria no figuraba en el proyecto originalmente aprobado por el Senado y fue incorporada durante el trámite legislativo posterior.

Su aplicación modificaría de manera significativa las posibilidades de entrada de nuevos participantes al mercado dominicano de juegos de azar durante la próxima década.

Cambios en la renovación de licencias

El proyecto también modifica las condiciones bajo las cuales determinadas empresas podrán renovar sus licencias.

El artículo 22 establece que la tasa correspondiente a la renovación será inferior a la aplicada para la instalación inicial del establecimiento.

La disposición contempla además la continuidad de las operaciones cuando el titular haya solicitado la renovación dentro del plazo correspondiente, incluso si se produce un retraso administrativo en la respuesta de las autoridades.

En términos prácticos, esta disposición permitiría que un establecimiento continúe funcionando durante el proceso de renovación siempre que el operador haya cumplido oportunamente con la solicitud exigida por la legislación.

Bancas deportivas tendrían licencias de hasta diez años

Los artículos 87 y 89 también introducen modificaciones en las condiciones de funcionamiento de las bancas deportivas.

La iniciativa amplía de cinco a diez años la duración de sus licencias.

Asimismo, incrementa de diez a quince la cantidad de máquinas tragamonedas que pueden operar en estos establecimientos y autoriza la comercialización de juegos electrónicos y virtuales.

Estas disposiciones representan una ampliación de las posibilidades operativas de las bancas deportivas respecto de las condiciones contempladas anteriormente.

Reducción de impuestos para loterías electrónicas

Otro de los cambios económicos relevantes se encuentra en el artículo 129.

La disposición reduce del 5 % al 2.5 % la tasa impositiva aplicable a los juegos no acumulativos de las loterías electrónicas.

También elimina un impuesto adicional del 1 % sobre las ventas brutas que estaba contemplado en la versión del proyecto aprobada previamente por el Senado.

De aprobarse definitivamente en esos términos, ambas modificaciones reducirían determinadas cargas tributarias aplicables a operadores de loterías electrónicas.

Una legislación que redefine el negocio

Las modificaciones introducidas abarcan aspectos esenciales del funcionamiento del sector de los juegos de azar: entrada de nuevos establecimientos, duración y renovación de licencias, cantidad de máquinas tragamonedas autorizadas, comercialización de juegos electrónicos y virtuales y carga impositiva.

En conjunto, estas disposiciones redefinen las condiciones económicas y operativas bajo las cuales competirán las empresas que participan actualmente en el mercado.

Es precisamente en ese contexto que adquiere relevancia pública la presencia en el Congreso Nacional de legisladores que han declarado intereses vinculados con negocios regulados por la iniciativa.

La existencia de esos intereses no permite concluir automáticamente que los congresistas hayan promovido las modificaciones ni que hayan actuado para beneficiar empresas particulares. Determinar una posible participación directa requeriría establecer, entre otros elementos, cuáles legisladores formaron parte de las discusiones, comisiones, informes, propuestas de modificación y votaciones relacionadas con cada disposición.

Cuestionamientos al proyecto

La Asociación Nacional de Bancas Deportivas (ASONABADE) ha cuestionado las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo y sostiene que el contenido de la iniciativa fue alterado respecto de la propuesta conocida originalmente.

Entre los aspectos cuestionados se encuentran disposiciones que modifican el funcionamiento y las condiciones económicas de distintos segmentos del negocio de los juegos de azar.

Por su parte, la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción solicitó al presidente Luis Abinader vetar la iniciativa y ha advertido sobre las posibles consecuencias de una expansión de los juegos de azar y de la ludopatía, especialmente entre sectores económicamente vulnerables.

El proyecto ha generado así un debate que trasciende la regulación administrativa de las apuestas y alcanza temas relacionados con competencia económica, tributación, salud pública y posibles conflictos de interés.

Mientras continúa el proceso legislativo, uno de los elementos que deberá ser observado es el nivel de participación que han tenido o puedan tener en las decisiones sobre el proyecto los congresistas que mantienen intereses económicos declarados dentro del mismo sector que la nueva legislación pretende regular.

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