Los residentes de complejos de vivienda pública de la Gran Manzana no aplicaban para los fondos de auxilio para el pago del alquiler durante la pandemia. Las normas cambiaron y ahora se han empezado a distribuir $95 millones en alivios. Aunque la morosidad se eleva a más de $500 millones.
En un momento en donde la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) se encuentra con el “agua al cuello”, por terribles dificultades financieras, debido en parte a un déficit del pago de alquiler de sus residentes que asciende a $530 millones, se anunció este lunes que el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler del Estado de Nueva York (ERAP), ha comenzado a distribuir $95 millones para cubrir los atrasos en la renta, para 15,000 residentes de estos complejos de vivienda.
Se trata de una buena noticia que permitirá a centenares de familias no quedar en la calle, cuando en algunos casos, ya estaban peleando con procedimientos de desalojo o estaban a punto de recibir la notificación.
Este “oxígeno” a miles de inquilinos de NYCHA, que todavía no se han recuperado económicamente de los embates de la pandemia, forma parte de la inversión de más de $350 millones en viviendas públicas y residentes de la Sección 8, asegurada por el gobierno estatal de Nueva York en el presupuesto del año fiscal 24.
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams, explicaron que este hito se logró dentro de los primeros seis meses, después de que se aprobara esta financiación en la última discusión del plan de gastos estatal.
“Esta importante inversión está ayudando a 15,000 familias a permanecer en sus hogares. Estamos comprometidos a trabajar con NYCHA para garantizar que todos los inquilinos elegibles reciban el apoyo necesario”, estimó la mandataria estatal.
Un auxilio que estaba pendiente
Se está tratando de conectar a la mayor cantidad posible de hogares que apliquen a ERAP con la Oficina de Asistencia por Discapacidad Temporal (OTDA) de Nueva York. En estos casos específicos se estableció un proceso que brinda hasta 12 meses de alivio financiero a los hogares que acumularon atrasos en el alquiler.
A principios de la pandemia de COVID-19 en el 2020, el gobierno federal acordó permitir una moratoria temporal de los desalojos mediante el reembolso a los propietarios a través del ERAP. Los fondos se entregaban a los estados para que determinaran cómo distribuir este beneficio.
En el caso de Nueva York se estableció que los inquilinos de viviendas subsidiadas, no pudieran recibir este alivio, hasta que se considerarán todas las demás solicitudes de los “landlords’ privados.
Todo cambió con el presupuesto del año fiscal 2024, que abrió las puertas para que los fondos estatales para este plan de auxilio, para cubrir rentas atrasadas, incluyeran en su cuenta a los residentes morosos de viviendas públicas y otras viviendas subsidiadas.
“Vamos a apoyar a decenas de miles de neoyorquinos que se vieron gravemente afectados por la pandemia y nunca recibieron apoyo. Necesitamos ofrecer más asistencia de alquiler y ayudar con las facturas de servicios públicos que siguen subiendo. Y lo más importante, ayudar a las personas a permanecer en sus hogares”, remarcó Hochul.
“Era una deuda”
La proyección es que $1,150 millones estarán disponibles para complementar el financiamiento federal del ERAP, en los presupuestos aprobados para los años fiscales 2023 y 2024, incluidos $391 millones para asistencia por atrasos en el alquiler, $350 millones para residentes de viviendas públicas y subsidiadas, incluida NYCHA, y $35 millones específicamente para pagar los atrasos de los inquilinos de NYCHA. Además de la financiación del ERAP.
“Cuando la pandemia puso a nuestra economía en caída libre y miles de personas perdieron sus ingresos, los residentes de NYCHA quedaron excluidos de la asistencia de emergencia para el alquiler disponible para otros neoyorquinos. Eso hoy ya lo estamos superando”, refirió el alcalde Adams.
El mandatario municipal contó que se inició un proceso de negociaciones con el gobierno federal y estatal que brindará a otras familias con dificultades, hasta un año completo de ayuda financiera. Ya se han presentado solicitudes por valor de $128 millones en nombre de 33,000 hogares de la ciudad de Nueva York.
Por su parte, la asambleísta Grace Lee que representa a vecindarios del Bajo Manhattan relató que fue testigo de cómo los residentes de viviendas públicas y subsidiadas, tuvieron que tomar la decisión entre pagar el alquiler o enterrar a sus seres queridos, poner comida en la mesa para sus familias o pagar facturas médicas.
“A pesar de que eran los que más apoyo necesitaban, a los residentes de viviendas públicas y subsidiadas se les quitó la prioridad para recibir alivio de emergencia para el alquiler y se les negó el acceso a los recursos que recibieron todos los demás neoyorquinos”, acotó.
“Es algo, pero la deuda es mucho mayor”
Pero aunque se trata de un alivio, los defensores de los inquilinos reaccionaron advirtiendo que pagar las deudas de alquiler que los inquilinos acumularon durante los años de la pandemia, costaría mucho más que los $95 millones anunciados este lunes.
De acuerdo con portavoces de NYCHA, los atrasos en el alquiler se han más que cuadriplicado en los últimos años, con 73,000 hogares actualmente atrasados en el pago de la renta, esto significa que de manera colectiva la deuda asciende a $533 millones en alquileres impagos.
A la par, se confirma que el influjo de estos millones de dólares desde el gobierno federal, tendrá un impacto positivo en la capacidad de NYCHA para empezar a palear un poco la calamidad del deterioro de estos complejos residenciales, aunque levantar estos complejos ascendería mínimo a $25 mil millones, con base a cálculos aproximados.
En 2018, la Dirección de Estudios de Vivienda y Desarrollo Económico de la Comisión Ciudadana de Presupuesto (CBC) estimó que para 2023, basándose en la tasa histórica de deterioro, el cinco por ciento de las unidades estarían muy cerca a un punto, en el que costaría más repararlas, que construirlas nuevas.
Ahora, este año con el aumento de los costos, más de un 33% está cerca del límite en el que construir algo nuevo, cuesta mucho menos que reparar, unidades prácticamente destruidas.
Un aumento de seis veces, con respecto a 2017.
Ante la cadena de denuncias y décadas de desinversión, la gobernadora Hochul firmó también una legislación que crea el Fideicomiso de Preservación de Vivienda Pública de Nueva York, cuyo objetivo es abordar las reparaciones, rehabilitación y modernización atrasadas de por lo menos 25,000 apartamentos de NYCHA.
Este fondo llamado ‘Preservation Trust’ permitirá el traspaso de miles de millones en fondos federales para respaldar las reparaciones y mejoras necesarias.
Otras leyes puestas en marcha recientemente requieren que esta agencia de vivienda pública informe rápidamente a los residentes si el agua no es segura para beber o cocinar.
!Es algo justo. Muchos están mal!
Con 52 años viviendo en un complejo de vivienda pública en Manhattan, la puertorriqueña María Nieves ha sido testigo de lo que ella describe como un “deterioro que no para” en la calidad de vida de muchos de sus vecinos, que a la fecha, todavía no se han podido recuperar del todo de la pandemia.
Pero además le preocupa, la lentitud en que una falla en cualquier servicio de estas edificaciones, es reparada.
“Es bueno escuchar que finalmente están invirtiendo algo en esta clase trabajadora, ancianos y personas enfermas que vive en NYCHA. Muchos todavía están tratando de recuperarse económicamente y no lo han logrado. Es injusto e inexplicable, que mientras siguen pagando millones en hoteles para los inmigrantes que piden albergue, y le dan todo gratis, entonces a los residentes se nos olvide”, opinó la isleña.
Retrasos pandémicos:
70,000 de los 151,000 hogares de viviendas públicas de la Gran Manzana estaban atrasados en el pago del alquiler en el primer semestre de 2023.
$533 millones es aproximadamente la deuda actual de los morosos, antes de la pandemia, los atrasos ascendían a alrededor de $129 millones.
65% ha caído la tasa de pago de alquileres de NYCHA desde 2019, muy por debajo de la tasa promedio de cobro del 95% antes de la pandemia.
Por Fernando Martínez
