Defensores de los derechos civiles reclaman reformas a las sentencias en Nueva York: una lucha por la justicia y la rehabilitación de los reos
A medida que se acercan las festividades navideñas y con la perspectiva del nuevo periodo legislativo que comenzará en febrero de 2025, familiares de reos, legisladores y exfuncionarios del sistema penitenciario estatal se movilizaron en diversas localidades del estado de Nueva York para exigir reformas a las leyes de sentencias. Este lunes, a pesar de la intensa lluvia que afectó varias zonas del estado, miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester, Albany, Búfalo y Rochester para pedir cambios en las políticas de encarcelamiento, con el objetivo de que en el 2025 se aprueben nuevas leyes que favorezcan la rehabilitación y reclusión más humana.
Los manifestantes exigen la aprobación de tres proyectos de ley clave: La Ley de Segunda Mirada, la Ley de Tiempo Ganado y la Ley de Marvin Mayfield. Cada una de estas iniciativas busca revisar las sentencias y condiciones de reclusión en el estado, dando prioridad a la rehabilitación y ofreciendo más oportunidades para que los prisioneros demuestren los cambios que han experimentado durante su tiempo en prisión.
La senadora Julia Salazar, una de las principales impulsoras de la Ley de Segunda Mirada, expresó que las leyes actuales en Nueva York son obsoletas y están desfasadas con respecto a las políticas progresistas en otros estados. Salazar destacó que el sistema de sentencias de Nueva York ha quedado atrás en comparación con estados como Oklahoma y Alabama, que ya están adoptando medidas más humanitarias en el tratamiento de los reos. “Lo que buscamos es poner a Nueva York al día con las reformas que ya se están implementando en otros estados”, agregó Salazar.
Por su parte, el concejal Justin Brennan, quien también apoya la reforma, subrayó que “el encarcelamiento masivo y las sentencias excesivas no han demostrado ser efectivos. Si seguimos usando el mismo enfoque, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Necesitamos enfocarnos en la redención y rehabilitación de aquellos prisioneros que han mostrado un comportamiento ejemplar durante su condena”, aseguró.
El proyecto de Ley de Segunda Mirada, que fue presentado por la senadora Salazar, ha recibido apoyo incluso de aquellos que tienen la capacidad de influir en las decisiones judiciales. El juez principal del Tribunal de Apelaciones de Nueva York, Rowan Wilson, y la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, han expresado su respaldo a la medida, señalando que muchos reos cumplen su condena sin la posibilidad de demostrar el cambio en su comportamiento o solicitar una revisión de su sentencia.
Además, las tres leyes propuestas cuentan con el apoyo de una amplia coalición que incluye a la Asociación Estadounidense de Abogados, sindicatos, más de 200 organizaciones de derechos civiles, y figuras políticas de distintos sectores. La mayoría de los legisladores estatales también han mostrado apoyo a estas iniciativas, lo que aumenta la posibilidad de que en 2025 se logren implementar estas reformas.
En la emblemática Foley Square, ubicada en Lower Manhattan, los manifestantes se congregaron una vez más para exigir justicia y una revisión de las sentencias. Este sitio ha sido testigo de numerosas protestas en favor de los derechos de los prisioneros y la reforma penitenciaria, y, a pesar del clima adverso, los activistas siguieron adelante con sus demandas. Con 74% de apoyo en la población de Nueva York, la Ley de Tiempo Ganado se considera una de las propuestas más populares, ya que buscaría ampliar los programas de “buena conducta” y “tiempo de mérito”, incentivando a los reclusos a participar en actividades de rehabilitación, educativas y vocacionales.
La Ley de Segunda Mirada permitiría a los jueces revisar y reconsiderar las sentencias de aquellos prisioneros que hayan demostrado una verdadera rehabilitación. Actualmente, las leyes de Nueva York no permiten que los prisioneros presenten evidencias de su cambio o soliciten una revisión de su sentencia. En cuanto a la Ley Marvin Mayfield, esta propuesta se centraría en eliminar las sentencias mínimas obligatorias, lo que daría a los jueces mayor flexibilidad para considerar circunstancias individuales y atenuantes en los casos de los reclusos.
Uno de los casos más emblemáticos que ha impulsado estas reformas es el de Darnell Epps, quien fue condenado en el año 2000 por un delito de violencia armada. Epps recibió una condena relativamente corta de 17 años, y durante su tiempo en prisión se dedicó a estudiar y rehabilitarse. Tras su liberación en 2017, Epps se graduó de la Facultad de Derecho de Yale y fundó una empresa tecnológica. Su historia es un claro ejemplo de cómo los programas de rehabilitación pueden cambiar la vida de los reclusos y brindarles una oportunidad para reintegrarse exitosamente a la sociedad.
A pesar del amplio apoyo que han recibido estas reformas, también existen detractores, como el senador estatal Anthony Palumbo, quien argumenta que al aprobar la Ley de Segunda Mirada se estaría dando un “crédito extra” a los prisioneros por buena conducta, lo que no considera justo. Sin embargo, los defensores de la ley aseguran que cualquier revisión de sentencia pasaría por el escrutinio de un juez, lo que garantizaría que solo aquellos con un comportamiento ejemplar durante su condena puedan beneficiarse de la reforma.
A lo largo de los años, las leyes de sentencias en Nueva York se han vuelto cada vez más desactualizadas, afectando especialmente a las comunidades negras y latinas. En este sentido, las reformas que se proponen no solo tienen el potencial de mejorar el sistema penitenciario, sino también de cambiar vidas y contribuir a la seguridad pública y al bienestar de las familias en el estado.
En cifras, actualmente más de 30 mil personas se encuentran encarceladas en las prisiones de Nueva York, y casi el 75% de ellos son de comunidades negras o latinas. Las reformas propuestas se alinean con la creciente tendencia en varios estados de EE. UU. que ya han aprobado legislaciones similares, como Illinois, Louisiana, Maryland, y Oregón.
El coste del encarcelamiento masivo es otra de las razones que impulsa estas reformas. En Nueva York, mantener a un prisionero en la cárcel cuesta cerca de 70 mil dólares al año, y el sistema penitenciario estatal destina anualmente más de 3 mil millones de dólares a este fin. Además, más de 105 mil niños en el estado tienen un padre encarcelado, lo que pone de manifiesto el impacto social y económico que tiene el sistema penitenciario sobre las familias.
Como concluyó la senadora Salazar, “el 2025 debe ser el año en que finalmente se aprueben estas reformas en Nueva York, porque el cambio no solo es necesario, sino urgente para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa”.
