Luego de una larga lucha que tomó varios años, la semana pasada, antes de terminar su sesión legislativa, la Legislatura estatal de Nueva York se puso de acuerdo y aprobó la llamada ley “Borrón y cuenta nueva”, que sella automáticamente los registros de antecedentes penales para personas que hayan completado sus condenas, a fin de que su historial penal no se convierta en impedimento para obtener empleo, encontrar vivienda y acceder a otros servicios, una vez los sentenciados recuperen su plena libertad.
Sin embargo, la norma, que no beneficia a condenados por delitos sexuales y otros crímenes graves, está a la espera de ser firmada por la Gobernadora Hochul para que entre en vigencia, por lo que este lunes diferentes organizaciones y defensores de reclusos levantaron sus voces para que el articulado se implemente lo más pronto posible.
Y asegurando que la ley garantizará que quienes terminen de purgar sus sentencias puedan tener una segunda oportunidad justa en su proceso de reincorporación a la sociedad, defensores de quienes han pasado por el sistema penal de Nueva York, 80% latinos y negros, destacaron que hasta que no entre en vigor la normativa, miles de ex reclusos seguirán sufriendo el rechazo a empleos y a vidas prósperas.
“Con el trazo de un bolígrafo, la gobernadora Kathy Hochul puede poner fin a esta pesadilla y transformar para mejorar la vida de muchos de nuestros clientes y sus familias. La instamos a que actúe sin más demora”, aseguró Legal Aid Society, a través de un comunicado, en el que instaron también a la Legislatura a que en la próxima sesión avancen en otros proyectos como la Ley de Tratamiento, No Cárcel y la reforma integral de la libertad condicional. “Este es un momento para los millones de neoyorquinos que se han visto obligados a sufrir bajo la nube de una condena penal que ha impedido durante mucho tiempo su capacidad para obtener empleo, vivienda, oportunidades educativas, beneficios y otras necesidades críticas”.
Robert Willis, coordinador de Defensa de la Justicia de la asociación LatinoJustice PRLDEF advirtió que la implementación pronta de la ley, quitará piedras en el camino que actualmente hacen difícil a quienes pagan sus deudas con la justicia a poder reintegrarse a la sociedad.
“No podemos esperar que las personas anteriormente encarceladas se reintegren con éxito en sus comunidades sin despejar su camino de obstáculos para el acceso a empleos, vivienda, educación y otros recursos básicos”, dijo Willis. “Apoyamos la Ley Borrón y cuenta nueva porque sellar automáticamente ciertos antecedentes penales y dar a las personas un nuevo comienzo nos ayuda a cumplir con los principios de nuestra sociedad de que todos merecen la misma oportunidad de contribuir al bienestar y el futuro de sus familias y comunidades sin verse obstaculizados por errores pasados”.
La nueva ley, promovida por el Senador Zellnor Myrie y la asambleísta Catalina Cruz, cuenta además con el respaldo de sindicatos, empresas grandes y pequeños negocios, quienes defienden la normativa como una manera de proteger a neoyorquinos vulnerables, al tiempo que ayudará a crear comunidades más seguras e impulsar la economía de Nueva York. Se estima que una vez se implemente, ampliará la fuerza laboral, abordará la escasez de mano y generará ganancias anuales para el Estado de $7,100 millones anuales.
Así lo recalcó Paul Zuber, vicepresidente ejecutivo del Consejo Empresarial del Estado de Nueva York, quien se sumó al llamado a que la Gobernadora Hochul eche a andar la ley de inmediato para que quienes han terminado sus condenas puedan tener un camino más llano para rehacer sus vidas.
“El Consejo Empresarial y nuestros miembros, muchos de los cuales han apoyado durante mucho tiempo la iniciativa de Borrón y cuenta nueva, están agradecidos de que la Legislatura finalmente haya aprobado este proyecto de ley de segunda oportunidad, pues crea oportunidades significativas para muchas personas listas para reingresar a la fuerza laboral”, dijo Zuber.
Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de la organización Partnership for New York City, insistió en que la implementación de la ley beneficiará a todos los sectores, ayudando a elevar la economía de Nueva York.
“La aprobación de la legislación Borrón y cuenta nueva afirma el compromiso de Nueva York con las oportunidades económicas para todos, incluidos aquellos que han estado involucrados en el sistema de justicia penal. Esto ampliará el grupo de talentos al que pueden recurrir los empleadores”, dijo la líder empresarial.
Nan Gibson, directora ejecutiva de JPMorgan Chase PolicyCenter, mencionó que demasiados neoyorquinos no tienen acceso al empleo debido a sus antecedentes penales, lo que tiene costos económicos no solo para ellos sino para sus familias, comunidades y la economía en general, por lo que destacó que una vez se ponga en marcha la ley, se sentirá su impacto.
“La aprobación de la Ley Borrón y cuenta nueva es un paso en la dirección correcta… Ayudará a impulsar la economía del Estado, aprovechando más plenamente los talentos de los 2.3 millones de neoyorquinos directamente afectados por la legislación y ofrecerá una oportunidad real de mayores oportunidades económicas y un crecimiento más equitativo”, dijo Gibson.
Randy Peers, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Brooklyn, insistió en que la nueva legislación abordará la busqueda de soluciones una problemática no solo de orden social sino económico”.
“Las pequeñas empresas necesitan trabajadores, y aquellos que estuvieron involucrados en la justicia merecen el derecho a ganarse la vida de manera respetable. Esto es un ganar-ganar para todos”, recalcó el líder de Brooklyn.
Tras la aprobación de la legislación, la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, afirmó que Borrón y cuenta nueva ofrece “una segunda oportunidad genuina” a las personas que han pagado por completo su deuda con la sociedad, para poder reiniciar sus vidas y contribuir positivamente en sus comunidades.
“Afirmamos nuestra creencia en la redención y mejoramos nuestra sociedad al brindarles a las personas anteriormente encarceladas una mejor oportunidad para ingresar a la fuerza laboral y establecer vidas estables”, dijo la política, quien calificó la ley como una herramienta de empoderamiento para miles de neoyorquinos.
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, calificó la aprobación de la ley como un paso hacia la construcción de un sistema de justicia penal centrado en la rehabilitación por encima del castigo, que al mismo tiempo ayuda a impulsar a las industrias y pequeñas empresas.
“Este proyecto de ley no solo nos ayudará en esa misión, sino que también brindará una solución a los problemas de la fuerza laboral que muchas empresas locales continúan enfrentando. La Ley Clean Slate les dará a millones de neoyorquinos una segunda oportunidad de hacer lo correcto y retribuir a su comunidad una vez más”, dijo el líder demócrata.
La asambleísta Catalina Cruz, quien ha explicado que los registros de antecedentes permanecerán disponibles solo para empleadores en campos sensibles como la educación, el cuidado de los ancianos y la seguridad pública y las autoridades, y estarán sellados solo para asuntos de trabajo y busqueda de vivienda, advirtió que la ley es un acto de justicia.
“Hay millones de personas en todo el estado que han cumplido sus sentencias, han completado la libertad condicional y ahora están listas para seguir adelante con sus vidas. Estoy orgullosa de haber patrocinado esta legislación que les brinda la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo”, dijo la colombiana. “¿Quién puede argumentar en contra de darle a alguien una segunda oportunidad cuando ya ha pagado sus deudas con la sociedad?”.
La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Adrienne Adams, advirtió que la ley Borrón y cuenta nueva tendrá un triple impacto, pues ayudará a mejorar las comunidades, la seguridad pública y la economía, al paso que ayudará a retomar sus vidas a quienes purgan sus condenas.
“Este proyecto de ley puede abrir caminos hacia el éxito para los más de 2 millones de neoyorquinos con antecedentes penales antiguos a los que se les ha impedido el acceso al empleo, la vivienda, la educación y otras oportunidades económicas. Con la mayor participación en nuestra fuerza laboral y sociedad creada por esta legislación, se estima que Nueva York obtendrá $7 mil millones adicionales al año en ganancias estatales, impulsando nuestra economía y la recuperación de la pandemia”, dijo la líder municipal.
“La evidencia es clara de que cuando las personas con registros antiguos que intentan avanzar en sus vidas tienen oportunidades económicas, la reincidencia disminuye y la seguridad pública mejora”, agregó Adams.
Y mientras los promotores de la iniciativa esperan que la gobernadora Hochul estampe inmediatamente su firma en el articulado y lleve la ley a la línea de la meta, la mandataria estatal dejó ver que tal vez esto no ocurrirá tan rápido, y aunque no respondió si le dará su aval a la pieza legislativa, dijo que por ahora tiene cientos de leyes nuevas que deberá revisar, y Borrón y cuenta nueva requerirá su munucioso análisis.
“No diré en este momento (si la voy afirmar), pero estamos trabajando muy de cerca para equilibrar las necesidades de estas personas para literalmente tener otra oportunidad en la vida. Los empleadores, la comunidad empresarial, han estado pidiendo esto porque están muy desesperados y necesitan trabajadores. Esto es en respuesta a una fuerte demanda de los líderes empresariales republicanos y demócratas, por lo que no es un tema partidista. Pero también tengo que equilibrar el interés de la seguridad pública, y esa es siempre mi máxima prioridad”, dijo la Gobernadora Hochul.
“Quería asegurarme de que tuviéramos las garantías particulares para que las personas que fueron acusadas de delitos muy graves, delitos graves de Clase A, asesinatos, por ejemplo, secuestro, violación, cualquier cosa relacionada con niños, para que esas personas no tengan sus registros sellados…La legislatura puso eso en marcha, por lo que está mucho más cerca de lo que pedí, pero en este momento, la Legislatura aprobó más de 500 proyectos de ley en la última semana, además de los otros 200 que tengo, por lo que mi responsabilidad como Gobernadora debe asegurar de que revisemos cada uno de ellos, y si alguno de ellos necesita más cambios, tendremos la oportunidad de modificarlos en el futuro”, concluyó Hochul.
Y en un nuevo capítulo que qudará escrito en la historia de la actual sesión legislativa en Albany, mientras el Senado empacó maletas y despidió labores, la cámara baja planea seguir trabajando para intentar sacar adelante otros proyectos de ley aprobados por la cámara alta.
Uno de ellos es la llamada Ley de impugnación de condenas erróneas, que facilitaría que personas ya condenadas por delitos intenten anular sus casos.
La pieza de ley, que ya tuvo luz verde en el Senado, permitiría a las personas que se declararon culpables, presentar casos en los que reclamen su inocencia, “con o sin” evidencia de ADN.
Bajo las leyes existentes en Nueva York, actualmente hay vías legales para que condenados injustamente anulen sus casos, sin importar sus declaraciones de culpabilidad o si hay evidencia de ADN o no, a fin de que puedan recuperar su libertad, pero el articulado que impulsores esperan vea la luz en la Asamblea, establece que los sentenciados injustamente sean declarados “inocentes”, que además de limpiar oficialmente su nombre, les permitiría buscar compensación económica y reducir posibilidades de un nuevo juicio.
De acuerdo a la Legislatura, la iniciativa de Ley de impugnación de condenas erróneas “busca mociones para anular sentencias, autoriza la interposición de recursos de nulidad de sentencia por condenas que posteriormente sean despenalizadas, autoriza que se presenten mociones para anular fallos en cualquier momento después de la entrada de un fallo obtenido en un juicio o por declaración de culpabilidad”.
El proyecto de ley busca cambiar la ley existente, que impide que las personas que se han declarado culpables presenten un reclamo de “inocencia”, excepto cuando surge evidencia de ADN, lo que abriría nuevas puertas de defensa.
Detalles de la ley de Borrón y cuenta nueva
- Sella automáticamente condenas penales para asuntos laborales, de vivienda y acceso a servicios como programas de estudio
- Para sellar antecedentes por un delito menor deberán haber pasado al menos tres años desde la libertad o la imposición de la sentencia, si no hubo sentencia de encarcelamiento
- Para sellar los antecedentes por delitos grave, deben han pasado al menos ocho años desde la fecha en que la persona fue liberada por última vez de la cárcel
- Los beneficiarios no podrán tener cargos penales pendientes ni estar bajo supervisión de ningún departamento de libertad condicional
- Los delitos graves clase A, por los que se puede imponer una sentencia máxima de cadena perpetua y las condenas que requieren registro como delincuente sexuales no son elegibles para sellar antecedentes
- Los antecedentes solo podrán ser vistos por tribunales y fiscales durante un nuevo caso penal, por agentes del orden en una investigación
- Asimismo, cualquier entidad que esté obligada por ley estatal o federal a realizar una verificación de antecedentes basada en huellas dactilares o una entidad autorizada para realizar una verificación de antecedentes basada en huellas dactilares donde un solicitante de empleo estaría trabajando con niños, ancianos o adultos vulnerables, podrán tener acceso a los registros
- La ley no afectará ni invalidará ninguna orden de protección activa, no exigirá la destrucción del ADN enviado a la base de datos de ADN estatal como parte de una condena ni exigirá que los registros del Motores y Vehículos se destruyan o sellen.
- La Ley busca ayudar a prevenir la discriminación entre los neoyorquinos anteriormente encarcelados para ayudarlos a tener una mejor oportunidad de asegurar un trabajo y encontrar una vivienda estable
- También impulsará la economía y la fuerza laboral del Estado, ya que más neoyorquinos calificados con una condena anterior podrán ingresar al mercado laboral y aumentar sus ingresos. Nueva York será el estado número 11 en promulgar una legislación que prevé el sellado automático de condenas penales
- 2.3 millones de neoyorquinos que han pasado por el sistema penal podrían beneficiarse con la nueva ley
- 80% de los beneficiarios son pertenecientes a minorías
- 42,4% de neoyorquinos que han purgado sus condenas desde 1990 son negros y el 36,9% son latinos, según la Oficina del Contralor Municipal de NYC
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