El Departamento de Justicia de Estados Unidos logró la mayor incautación de criptomonedas en su historia al decomisar 127,271 bitcoines —valorados en US$15,000 millones— pertenecientes a Chen Zhi, un camboyano de 37 años que lideraba el Prince Holding Group, una organización acusada de trata de personas, trabajo forzado y ciberfraude a escala global. Zhi, quien se encuentra prófugo, es señalado como el cerebro de un imperio criminal que operaba en más de 30 países, utilizando empresas fachada para encubrir actividades ilícitas, incluyendo estafas masivas en línea y el blanqueo de capitales a través de criptomonedas. La operación, coordinada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, representa un golpe sin precedentes contra una de las redes más peligrosas de cibercrimen y explotación humana.
Según la acusación, Zhi y sus cómplices secuestraban y confinaban a cientos de víctimas en centros clandestinos en Camboya, donde eran obligadas a participar en esquemas de fraude en línea bajo amenazas de violencia extrema. Las estafas, que prometían inversiones con altos rendimientos, eran dirigidas a víctimas en todo el mundo, incluyendo a 250 personas en EE.UU. que fueron engañadas a través de una red con base en Brooklyn, Nueva York. Las autoridades describieron las condiciones de las víctimas como «similares a las de una prisión», donde eran sometidas a torturas y castigos físicos si intentaban resistirse. El Prince Group, sancionado por EE.UU. y Reino Unido, operaba como un conglomerado transnacional que mezclaba negocios legales con actividades criminales, lo que le permitía evasión de la justicia durante años.
El modus operandi de la red incluía el uso de criptomonedas para blanquear millones de dólares obtenidos de manera ilícita. Zhi y sus socios empleaban técnicas avanzadas de lavado de dinero, como la minería de bitcoines y plataformas de apuestas en línea, para ocultar el rastro de sus ganancias. Además, la organización utilizaba su influencia política en varios países para sobornar a funcionarios y mantener sus operaciones sin interferencias. Entre los bienes incautados, las autoridades destacaron activos de lujo, como yates, aviones privados y obras de arte, incluyendo un cuadro de Picasso comprado en Nueva York, lo que evidencia el nivel de riqueza acumulado a través del crimen.
La Fiscalía estadounidense calificó este caso como «uno de los golpes más contundentes contra la trata de personas y el ciberfraude» en la historia reciente. La fiscal Pam Bondi y su adjunto, Todd Blanche, destacaron que la incautación de US$15,000 millones en bitcoines no solo es un récord en términos financieros, sino que también desmantela una de las redes más crueles de explotación humana. Mientras las autoridades continúan la búsqueda internacional de Zhi, el caso subraya la urgencia de una cooperación global para combatir el cibercrimen transnacional, que opera con impunidad gracias a la falta de regulación en algunos países y la complejidad de las criptomonedas.
Este operativo también pone en evidencia los desafíos éticos y legales que enfrentan los gobiernos en la lucha contra el crimen organizado digital, donde las fronteras tradicionales no aplican y las redes criminales aprovechan las lagunas jurídicas para operar. La incautación de activos en criptomonedas, en particular, demuestra la creciente sofisticación de las autoridades para rastrear y recuperar fondos obtenidos de manera ilícita, incluso cuando estos son ocultados en blockchains. Mientras tanto, las víctimas de esta red —muchas de las cuales siguen desaparecidas o traumatizadas— esperan que este caso sirva como un precedente para que se tomen medidas más contundentes contra la trata de personas y el ciberfraude a nivel global.
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