La fiscal general de Florida se sumó al de Texas, para presionar a la Corte Suprema a que anule en forma definitiva las prioridades de deportación de la Administración Biden, las cuales se enfocan en personas con récord criminal; los republicanos buscan que se persiga a cualquier indocumentado sin importar su historial criminal.
La fiscal general de Florida, la republicana Ashley Moody, se sumó a su colega de partido, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para presionar a la Corte Suprema a que anule en forma definitiva las prioridades de deportación del presidente Joe Biden.
Eso significa que esos republicanos, al igual que el fiscal general de Louisiana, buscan que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deporte a cualquier inmigrante indocumentado, sin importar si tiene récord criminal.
El documento de la fiscal Moody cuestiona que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ignore leyes aprobadas por el Congreso, aunque los lineamientos de la Administración Biden no señalan que agentes de ICE “no pueden detener” a un inmigrante indocumentado, sino que priorizan aquellos con récord criminal.
“La negativa de Biden a promulgar leyes federales de inmigración aprobadas por el Congreso está poniendo en peligro la seguridad pública y (a ella) como fiscal general”, dijo Moody, infiriendo que todos los inmigrantes son criminales.
Moody se prepara para presentar una nueva demanda en contra de la Administración Biden, afirmando que “promulga leyes”, cuando es el Congreso el que debe aprobarlas.
Según el escrito ante el Máximo Tribunal, Florida gasta más de $130 millones de dólares al año en encarcelar a aproximadamente 7,000 inmigrantes sin papeles con antecedentes criminales.
Moody acusó que la Administración de Biden ordenó a los funcionarios de inmigración que prescindieran de las categorías estatutarias creadas por el Congreso.
“Como resultado, el DHS autorizó a los funcionarios de inmigración a violar su deber de arrestar a los delincuentes extranjeros cuando Florida los libere de la custodia estatal”, dijo.
Eso obliga a Florida a “gastar recursos en la liberación supervisada y vigilar la reincidencia de los delincuentes extranjeros que deberían estar bajo custodia federal y expulsados de los Estados Unidos”, agregó que varios estados, entre ellos Florida, demandaron al presidente Biden por no cumplir con los deberes requeridos por el Congreso al crear prioridades de control de inmigración ilegales.
La guía de deportaciones se encuentra actualmente suspendida en espera de la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos en el caso contra Texas.
Con información de EFE
