Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, denunció haber recibido amenazas directas desde prisión por parte de la condenada, quien cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva, España.
Acusaciones de irregularidades dentro de la prisión
Durante una rueda de prensa, Ramírez aseguró que desde hace más de un año ha recibido información sobre posibles irregularidades dentro del centro penitenciario. Entre ellas se encontrarían el uso no autorizado de teléfonos móviles, grabaciones sexuales y hasta la preparación de un documental en el que participaría la propia Quezada.
«La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental», afirmó Patricia.
Amenazas y falta de respuesta institucional
Ramírez reveló que existen indicios de que Quezada habría expresado su deseo de hacerle daño, incluso delante de otras internas. “Ella se le ha oído decir que me quiere matar”, indicó.
A pesar de haber presentado sus denuncias ante autoridades penitenciarias, judiciales y políticas, asegura que no ha recibido respuesta ni protección alguna.
Funcionario investigado por presunto soborno sexual
Una investigación judicial ya está en marcha contra un funcionario de la prisión de Brieva por supuestamente facilitarle un teléfono móvil a Quezada a cambio de favores sexuales.
Este nuevo escándalo aumenta la preocupación de la familia del menor fallecido, quienes exigen justicia y protección real frente a lo que califican como una «revictimización constante».
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