Este jueves 1 de junio inicia la temporada ciclónica en el océano Atlántico, que suele afectar a varias regiones de Estados Unidos, incluido Puerto Rico, el estado de Texas y casi toda la costa este del país.
Los ciclones tropicales, como por ejemplo los huracanes, representan una amenaza recurrente. Ante la llegada de la temporada que inicia el jueves, 1 de junio de 2023, es crucial comprender y valorar la importancia de educarse e informarse adecuadamente.
Para nuestra área, hay una preocupación luego de que hace casi dos años el huracán Ida trajo destrucción a nuestra área, y cientos de sótanos usados como apartamentos ilegales en la Ciudad de Nueva York se inundaron y causaron la gran mayoría de muertes. En total, las autoridades confirmaron 13 muertes, entre esas un niño de dos años, 11 de ellos vivían en estos sótanos.
En aquel entonces, el alcalde Bill de Blasio prometió destinar fondos para la legalización de los sótanos. El actual alcalde, Eric Adams, también tomó la misma postura, pero hasta el momento el plan no ha tenido éxito.
Adolfo Carrión, comisionado del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, le dijo a Telemundo 47 Investiga que el plan no se logró debido a las restricciones y a los códigos de construcción que imponen las leyes estatales.
En el Senado y en la Asamblea hay dos medidas para atender el asunto, pero solo los legisladores tienen una semana para aprobarlas. Si no lo hacen en o antes del 7 de junio cuando termina la sesión, entonces la legalización de los sótanos quedaría otra vez en el limbo.
Aunque no hay una cifra exacta de cuántas familias viven en los sótanos ilegales, el Centro Pratt para el Desarrollo Comunitario encontró que entre 300,000 y 500,000 neoyorquinos podrían estar viviendo en estos lugares. Las cifras se basan en una comparación de datos del censo en los años 1990 y 2000.
La contraloría de la Ciudad de Nueva York compartió un reporte a finales de 2022 en el que propone que el Estado adopte una legislación que cree una nueva “Ley de Protección de Residentes de Sótanos” para brindar protección física y de inquilinos inmediata a los neoyorquinos que viven en unidades de sótanos, con derechos y responsabilidades claros para los propietarios y habitantes de sótanos, como parte de un enfoque más integral para legalizar y ampliar unidades de vivienda accesoria.
La “Ley de Protección de Residentes de Sótanos”:
- Crear una Junta de Sótano que refleje los diversos distritos electorales afectados para administrar el programa y el apoyo financiero, desarrollar regímenes de inspección y hacer cumplir la prestación de servicios y la protección de los inquilinos.
- Requerir que los propietarios registren todas las unidades de sótanos y bodegas actualmente ocupadas con la Junta de Sótanos (las protecciones de los residentes no dependerían del registro).
- Garantizar un alcance sólido y accesible en el idioma para los ocupantes de las unidades de sótano para promover el conocimiento del nuevo programa.
- Ordenar y proporcionar fondos a los propietarios para la instalación de medidas básicas de seguridad, incluidos detectores de monóxido de carbono y humo y dispositivos de prevención de reflujo, para mitigar los riesgos de inundaciones durante eventos de lluvia intensa como el huracán Ida.
- Establecer derechos y responsabilidades básicos para los habitantes y propietarios de sótanos, incluido el requisito de proporcionar servicios básicos y el derecho legal de cobrar el alquiler.
- Proteger de inmediato a los habitantes de los sótanos del acoso, el desalojo y la denegación de servicios esenciales, y crear nuevas vías para la aplicación proactiva y mejores datos de ocupación para la implementación de sistemas de alerta temprana de inundaciones.
- Proporcionar un marco de registro que apoye y esté coordinado con las inspecciones de seguridad y los esfuerzos de legalización en curso.
- Requerir que la Ciudad y el Estado brinden viviendas asequibles a los neoyorquinos que viven en unidades que se consideran tan inadecuadas para vivir debido a los graves riesgos de seguridad contra incendios, habitabilidad e inundación que deben ser desalojadas.
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