El verdadero enfoque de las demandas entre comunicadores y medios de comunicación en la República Dominicana: ¿Libertad de expresión o difamación con agenda política, social y empresarial?
Por José Zabala, creador de contenido.
Santo Domingo – En los últimos años, la República Dominicana ha sido testigo de un creciente número de conflictos legales entre comunicadores, periodistas y medios de comunicación, generando una fuerte discusión pública en torno a los límites de la libertad de expresión, el ejercicio responsable del periodismo y la influencia de las agendas políticas en la opinión pública.
Muchos expertos en derecho penal y comunicación consideran que este fenómeno no es nuevo, pero ha cobrado mayor fuerza en un contexto donde las redes sociales amplifican cada palabra, y donde los medios tradicionales y digitales muchas veces asumen posiciones políticas abiertas o encubiertas. En este escenario, la difamación, la injuria y las campañas de descrédito se han convertido en herramientas frecuentes de confrontación, particularmente cuando ciertos comunicadores se alinean con sectores de oposición o de gobierno, y atacan a sus adversarios con informaciones que cruzan la línea de la crítica legítima hacia la ofensa personal.
¿Qué está pasando en el país?
En diversos casos, algunos periodistas o comunicadores al formar parte activa de una corriente política o ideológica han utilizado sus plataformas no para informar con objetividad, sino para atacar, descalificar o sembrar dudas sobre la moral o la vida personal de otros actores políticos, sociales o empresariales. Este tipo de actuaciones ha generado demandas por difamación, alegando violaciones a la honra, reputación y derechos fundamentales.
Los afectados, en su mayoría, sí tienen derecho a denunciar por difamación, según el Código Penal dominicano y la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Aunque estos procesos son complejos y muchas veces politizados, la legislación reconoce el derecho de cualquier ciudadano a proteger su imagen y reputación cuando se ven afectadas por declaraciones falsas o malintencionadas.
¿Es una práctica común en el país?
Sí. Según diversos analistas, la difamación con fines políticos o personales se ha convertido en una práctica cada vez más común, especialmente durante procesos electorales o momentos de alta polarización. La falta de autorregulación y la debilidad de los gremios periodísticos en hacer cumplir códigos de ética han contribuido a esta tendencia preocupante.
Asimismo, los editoriales de algunos medios tradicionales cuando responden a una agenda política también han sido cuestionados, ya que muchas veces se presentan como análisis imparciales cuando en realidad buscan favorecer o perjudicar a determinados actores. Algunos opinan que, cuando estos editoriales contienen afirmaciones falsas, dañinas o sin pruebas, también deberían ser objeto de acciones legales, aunque el debate sobre hasta dónde llega la libertad de prensa y dónde comienza el daño a terceros sigue siendo complejo.
¿Y los medios partidarios?
En cuanto a los medios digitales o tradicionales que muestran una clara inclinación hacia ciertos partidos o sectores políticos, los expertos coinciden en que, aunque tienen derecho a tener una línea editorial, deben asumir una gran responsabilidad en el contenido que difunden. Cuando estos medios afectan negativamente a la sociedad, promueven desinformación o difunden contenidos difamatorios, sí pueden ser demandados, aunque muchas veces se escudan en la libertad de expresión para evitar consecuencias legales.
Opinión general de expertos
De forma general, los especialistas sostienen que:
• La libertad de expresión es un derecho sagrado, pero debe ejercerse con responsabilidad.
• El periodismo ético e investigativo debe estar basado en la verdad, pruebas verificables y respeto a los derechos humanos.
• Las denuncias por difamación no deben verse como intentos de censura, sino como mecanismos legítimos para frenar abusos y restaurar la dignidad de quienes han sido injustamente atacados.
• Urge un mayor compromiso de los gremios, los medios y los comunicadores para promover la autorregulación, el respeto profesional y el cumplimiento de estándares éticos en toda forma de comunicación pública.
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