Nuevo proyecto de ley busca proteger a los inmigrantes que asisten a comparecencias ordenadas por la corte y buscan vías legales para migrar a Estados Unidos
Fotos : Miembros visitaron hoy el 26 Federal Plaza y expusieron las continuas fallas al debido proceso
NUEVA YORK, NY – Nueva York, NY – Hoy, los congresistas de EE.UU. UU. Adriano Espaillat (NY-13), Dan Goldman (NY-10), Nydia Velázquez (NY-7) y el miembro de alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García (CA-42) , introdujeron la Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración , una nueva legislación que busca proteger a los inmigrantes que buscan vías legales para migrar a Estados Unidos y asisten a sus comparaciones judiciales, de ser objeto de arrestos por parte de la Administración Trump. La legislación prohibiría a los oficiales o agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. UU. arrestar o detener a una persona que se encuentre necesariamente presente en las instalaciones de una corte de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) con el propósito de asistir o participar en una audiencia, excepto en virtud de una orden judicial. Estas protecciones se extenderían a las personas cuyo caso de inmigración aún esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación.
Desde que consideró el cargo, la Administración Trump ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. UU. (ICE) lleva a cabo una amplia campaña de arrestos en las cortes de inmigración, con el objetivo de cumplir las cuotas de deportaciones masivas impuestas por Trump. Se ha observado a agentes federales apostados fuera de las salas de audiencia, usando mascarillas, a menudo sin identificación adecuada, deteniendo a las personas tan pronto como concluyen sus audiencias, en muchos casos después de que los propios abogados del DHS solicitan la desestimación o terminación de los casos.
Estas tácticas de “cebo y captura” han atrapado a inmigrantes no violentos sin antecedentes penales, incluidos solicitantes de asilo, estudiantes y personas con permiso de permanencia temporal que ingresaron legalmente al país. Al anular solicitudes de asilo pendientes y colocar de inmediato a las personas en procesos de expulsión acelerada, el DHS está eludiendo el debido proceso, cortando el acceso a representación legal y acelerando las deportaciones de quienes, por lo demás, están cumpliendo con los procedimientos legales.
La Ley de Protección del Proceso en Inmigración implementaría salvaguardas para proteger a los inmigrantes que están siguiendo vías legales y asistiendo a sus audiencias obligatorias ante los tribunales de inmigración, evitando que sean blancos de una administración que no está cumpliendo la ley con integridad y que abusa de su poder para impulsar sus despreciables políticas antiinmigrantes.
«El debido proceso es una protección fundamental en nuestra Constitución. Sin él, todos los demás derechos, privilegios y protecciones contra el abuso de poder se derrumban», dijo el presidente del CHC, el congresista Adriano Espaillat . «Con este proyecto de ley, reafirmamos que Estados Unidos de América es una democracia, un país libre. Un día en la corte debe ser un día pacífico de interacción civil entre los gobernados y la ley, y no una emboscada».
“Durante el último año, hemos sido testigos, de manera alarmante y repetida, de cómo agentes de ICE y del DHS arrestaron a inmigrantes no violentos y sin antecedentes penales inmediatamente después de comparaciones obligatorias ante la corte —en muchos casos incluso mientras sus casos siguen activos y viables”, dijo el congresista Dan Goldman. “Me enorgullece liderar la introducción de la Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración para establecer límites a las tácticas imprudentes de la Administración Trump en los tribunales federales de inmigración y ayudar a garantizar que los inmigrantes que buscan asilo legalmente puedan seguir actuando”.
“Las cortes de inmigración deben ser un lugar donde las personas puedan presentar su caso y donde el debido proceso pueda desarrollarse”, dijo el congresista Velázquez. «Cuando los inmigrantes temen que una comparecencia ante la corte pueda conducir a un arresto, todo el sistema comienza a desmoronarse. Este es otro ejemplo de la Administración Trump utilizando el sistema de justicia como arma para servir su agenda cruel. Esta ley establece protecciones claras para que las personas puedan asistir a audiencias ordenadas por la corte y llevar adelante sus casos sin la amenaza de detención».
«Agentes federales enmascarados están deteniendo y arrestando a personas en instalaciones de tribunales de inmigración que tienen citas oficiales del gobierno y están cumpliendo la ley. Eso tiene que parar», dijo el congresista Robert García . “Este proyecto de ley restablecerá la equidad en los procedimientos migratorios, pondrá fin a la aplicación desmedida e injusta de la ley, y garantizará que los inmigrantes puedan comparar ante los tribunales sin ser perseguidos por esta Administración.
Específicamente, la Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración establece lo siguiente:
- Prohíbe a los oficiales o agentes del DHS arrestar o detener a cualquier persona que se encuentre básicamente en una instalación de la Corte de Inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) con el propósito de asistir o participar en una audiencia, excepto si cuentan con una orden judicial.
- Prohíbe a los oficiales o agentes del DHS arrestar o detener a cualquier persona inmediatamente al llegar o al salir de una instalación de tribunales de inmigración si su presencia es para asistir o participar en una audiencia, salvo que exista una orden judicial.
- Se aplican estas restricciones de cumplimiento a cualquier persona cuyo caso de inmigración aún esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación. Esto incluye casos ante un juez de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, incluyendo los procedimientos pendientes de apelaciones o solicitudes para reabrir, reconsiderar o impugnar de otra manera una orden final de deportación.
- Incluye una excepción que permite a los oficiales y agentes del DHS actuar cuando sea necesario para prevenir un acto de violencia inminente o una amenaza específica y verificable contra la vida, la seguridad pública o la seguridad nacional.
- Restrinja los arrestos al llegar o salir para revisión de ICE o citas con cualquier componente del DHS. Según la ley, cualquier arresto en estos casos requeriría autorización por escrito de un funcionario supervisor de alto nivel que cite la base legal del arresto y debe ser reportado al Inspector General del DHS dentro de los 30 días siguientes.
- Requiere que la Oficina del Inspector General presente un informe al Congreso sobre el cumplimiento de esta legislación por parte del Departamento de Seguridad Nacional. El informe incluiría información sobre el número de arrestos y arrestos intentados, la base legal de dichos arrestos, así como las medidas adoptadas por el Secretario para garantizar el cumplimiento y cualquier orientación o capacitación proporcionada a los empleados del DHS.
La Ley de Protección del Debido Proceso en Inmigración cuenta con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), The Door, el Vera Institute of Justice, la New Sanctuary Coalition y Kids in Need of Defense (KIND).
«Durante décadas, The Door ha apoyado a los jóvenes inmigrantes que navegan nuestro sistema legal con valentía y esperanza. Cuando los agentes federales esperan fuera de las salas de audiencia para arrestar a jóvenes que están cumpliendo con las órdenes de la corte, se socava la confianza que hace que nuestro sistema legal funcione. La Ley de Protección del Debido Proceso en los Tribunales de Inmigración es un paso fundamental para proteger a los inmigrantes que están haciendo todo lo que la ley les exige. Apoyamos firmemente esta ley y las protecciones que crean para garantizar que el debido proceso se respeto con justicia e integridad”, dijo Kelsey Louie, directora ejecutiva de The Door y Broome Street Academy.
“La Ley de Protección del Debido Proceso en los Tribunales de Inmigración de 2025 es una medida crucial para apoyar la seguridad, el debido proceso y la integridad de nuestro sistema legal. Nadie debería ser castigado por asistir a su audiencia judicial o por cumplir con sus obligaciones legales, pero las tácticas de la Administración Trump han convertido las comparaciones rutinarias en trampas de arresto que privan a las personas del debido proceso y les impiden defender sus derechos ”, dijo Shayna Kessler, directora de la Iniciativa Avanzando en la Representación Universal Instituto de Justicia del Vera. «El debido proceso es una piedra angular de nuestra democracia. Esta ley es un paso fundamental para garantizar protecciones básicas, de modo que los inmigrantes que buscan cumplir la ley puedan hacerlo sin temor. Las soluciones que promueven un trato seguro e imparcial bajo la ley refuerzan nuestros valores democráticos y ayudan a que las familias y comunidades permanezcan unidas y fuertes».
«Es desgarrador y vergonzoso que incluso necesitamos una ley para restringir la detención en los tribunales de inmigración. Las personas cumplen con la ley, esperando un día justo en la corte para presentar su caso, y aun así muchos son detenidos injustamente, separados de sus familias y comunidades, y se les niegan los recursos esenciales necesarios para construir su defensa. Esta legislación es necesaria para dejar de convertir nuestros tribunales en trampas. Elimina la amenaza de detenciones innecesarias, asegurando que la asistencia a una sea un paso hacia la justicia y no un camino inmediato hacia la encarcelación El debido proceso es un derecho para todos, y esta ley defiende la dignidad sobre la detención costosa e inhumana”, dijo Ravi Ragbir, director ejecutivo de la New Sanctuary Coalition.
“Los arrestos crueles e indiscriminados de la Administración Trump en las audiencias y citas de los tribunales de inmigración no solo son un ataque a nuestros vecinos y seres queridos inmigrantes, sino también un ataque al debido proceso y al estado de derecho”, dijo Kate Voigt, asesora principal de políticas de la ACLU. «Las personas no deben tener miedo de que una audiencia judicial o una cita de inmigración conduzca a un arresto violento y las lleve a la detención. La ACLU agradece al congresista Goldman por la introducción de esta importante legislación».
