“La sangre verbal en la comunicación está tomando otro rumbo. Ya no basta con ser popular o viral. Ahora se exige ser veraz, tener pruebas y asumir las consecuencias de lo que se dice públicamente,” opinó un analista legal.
Por Luis Hidalgo, comunicador independiente
Santo Domingo – La reciente detención del detective y comentarista Ángel Martínez ha provocado un giro notable en el tono y el comportamiento de varios comunicadores dominicanos, especialmente en las plataformas digitales. Lo que parecía ser un episodio aislado ha abierto una reflexión nacional sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de los medios y la necesidad de reformas que garanticen el respeto mutuo sin comprometer los derechos fundamentales.
Un antes y un después en los medios
La opinión pública ha comenzado a notar un clima distinto en el ecosistema comunicacional dominicano. Muchos comunicadores han optado por moderar sus opiniones y el lenguaje con el que abordan temas sensibles, en lo que algunos describen como una «bajada del fuego a la estufa», expresión popular que alude a la disminución de la intensidad verbal y emocional en sus discursos.
Esta actitud prudente no es casualidad. La detención de Martínez, figura controversial por sus denuncias directas y estilo frontal, ha generado preocupación sobre el equilibrio entre el ejercicio de la crítica y el respeto a los derechos de las personas. Aunque aún se desconocen todos los detalles del caso, sectores de la sociedad exigen una investigación seria, transparente y sin tintes políticos, que determine con pruebas si hubo o no violación a las leyes, sin afectar el principio sagrado de la libertad de expresión.
El debate sobre la difamación y la libertad de expresión
Muchos temen que este caso marque el inicio de una era de censura, mientras otros lo ven como una oportunidad para ordenar el caos informativo y verbal que predomina en algunas plataformas. El uso irresponsable de los medios, especialmente los digitales, ha dado paso a una cultura de acusaciones sin fundamentos, señalamientos públicos sin pruebas y linchamientos mediáticos que afectan no solo al acusado, sino también a sus familias.
Una legislación en camino
Este contexto coincide con los debates en el Congreso Nacional sobre una nueva ley que regularía el ejercicio de la comunicación digital en la República Dominicana. Aunque aún no ha sido aprobada, la propuesta busca establecer parámetros éticos y jurídicos que prevengan la difamación y la desinformación, sin caer en la censura.
Los comunicadores que han entendido la importancia de esta transición están rediseñando sus contenidos, priorizando la evidencia, el respeto y el rigor. La ciudadanía, por su parte, observa con atención y espera que la justicia actúe con equilibrio: sin persecuciones políticas, pero también sin impunidad para quienes destruyen reputaciones sin pruebas.
Lo ocurrido con Ángel Martínez marca un punto de inflexión en el periodismo de opinión y denuncia en el país. Más que celebrar o condenar, es un momento de madurez institucional y comunicacional. El país necesita medios responsables, comunicadores valientes pero respetuosos, y una justicia que proteja tanto la verdad como la dignidad.
Este episodio podría ser, si se maneja con altura, el principio de una nueva etapa en la comunicación dominicana, donde el fuego no se apague, pero tampoco consuma todo lo que toca.
Luis Hidalgo, comunicador independiente
