Por José Zabala, creador de contenido.
Washington, D.C. / Nueva York – El gobierno que encabeza el presidente Donald Trump, en su nueva administración, ha intensificado las medidas de control migratorio, ordenando a sus fiscales priorizar casos que puedan conducir a la revocación de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido delitos graves o hayan ocultado información en su proceso de naturalización.
Esta medida, impulsada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), tiene como objetivo según las autoridades salvaguardar la seguridad nacional, reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y proteger la integridad del sistema de inmigración legal. Sin embargo, ha generado inquietud en organizaciones defensoras de los derechos civiles por su amplio alcance y posibles abusos.
El fiscal adjunto de la División Civil del DOJ, Brett A. Shumate, emitió un memorando en el que instruye promover “al máximo” los procedimientos de desnaturalización, siempre que estén respaldados por pruebas sólidas y se ajusten a lo permitido por la ley.
¿Quiénes están en riesgo?
La política está dirigida exclusivamente a personas naturalizadas, es decir, inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía después de cumplir con los requisitos legales. No afecta a ciudadanos estadounidenses por nacimiento.
Están en riesgo aquellos que:
- Cometieron fraude o mentiras durante el proceso de naturalización
- Ocultaron antecedentes penales
- Participaron en actividades delictivas graves, incluso después de obtener la ciudadanía
Estas son las 10 faltas más graves que podrían costarte la ciudadanía estadounidense:
- Vínculos con terrorismo, espionaje o amenazas a la seguridad nacional
- Participación en torturas, genocidio, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos
- Fomentar o apoyar pandillas criminales o carteles de narcotráfico
- Mentir u omitir información durante el proceso de naturalización
- Cometer delitos graves como asesinato, tráfico humano o violación
- Falsificación de documentos o fraude migratorio
- Delitos financieros, como fraude al sistema de salud pública (ej. Medicaid)
- Obtención fraudulenta de beneficios del gobierno
- Participación en redes de explotación sexual o laboral
- Haber sido condenado por delitos que demuestren ausencia de buen carácter moral durante el proceso migratorio
Lo que dice la ley
La desnaturalización no es automática. Requiere un proceso judicial formal, en el que el gobierno debe presentar pruebas claras y convincentes. Una vez revocada la ciudadanía, la persona queda en estatus de deportación y puede ser enviada a su país de origen, sin importar cuántos años haya vivido como ciudadano estadounidense.
El DOJ anunció que evaluará caso por caso, pero con mayor discrecionalidad otorgada a los fiscales, lo que ha generado críticas por parte de expertos legales y organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL), quienes temen arbitrariedades y uso político de estas herramientas.
Un llamado a la comunidad inmigrante
Esta política subraya la urgencia de que toda persona naturalizada:
- Conozca y respete las leyes
- Revise su historial legal y migratorio
- Consulte con abogados en caso de haber tenido errores en el pasado
La revocación de la ciudadanía, aunque poco frecuente, ahora se convierte en una herramienta activa del gobierno federal para castigar a quienes hayan defraudado el sistema o representen un riesgo para la sociedad.
Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, esta nueva ofensiva contra la inmigración irregular pone en alerta a millones de inmigrantes naturalizados que han hecho de Estados Unidos su hogar.
Este es un momento crucial para fortalecer el compromiso ciudadano, actuar con responsabilidad y proteger los derechos adquiridos con esfuerzo.
