La ADP reclama salarios y prestaciones, pero las familias también exigen vigilancia sobre el comportamiento docente y protección para los estudiantes
Por José Zabala, creador de contenido
Nueva York.– Mientras la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mantiene una presencia activa en la defensa de los salarios, las pensiones, los incentivos y las prestaciones laborales de los maestros, una pregunta comienza a escucharse con preocupación entre padres y tutores: ¿quién vigila el comportamiento de los profesores dentro de las aulas?
La interrogante surge de testimonios de familias cuyos niños regresan frustrados, nerviosos o llorando a sus hogares y, en algunos casos, manifiestan que no quieren volver a la escuela debido al trato recibido. Se habla de gritos, humillaciones, palabras ofensivas, amenazas, indiferencia, castigos desproporcionados y otras formas de presión psicológica. Estas denuncias deben investigarse individualmente, pues no se puede responsabilizar a todo el magisterio por las acciones de algunos docentes.
Entre los testimonios recibidos se encuentra el caso de una niña alérgica al mentol. Según relató una persona cercana a la menor, una profesora supuestamente le advirtió que, si no se dormía, le pondrían mentol en los ojos. Aunque corresponde a las autoridades investigar y comprobar lo ocurrido, una amenaza de esa naturaleza representa por sí misma una forma grave de intimidación psicológica. Además, debido a la condición alérgica señalada por la familia, su eventual ejecución podría poner en peligro la salud de la niña.
No se puede normalizar que un adulto encargado de proteger y educar utilice el miedo para controlar a una menor. Para una niña pequeña, escuchar que le colocarán una sustancia en los ojos puede producir angustia, inseguridad y rechazo hacia la profesora y la escuela. El caso debe documentarse, comunicarse formalmente al director del centro y ser investigado por la Comisión de Ética, el Distrito Educativo y las autoridades de protección infantil correspondientes.
Otro aspecto profundamente preocupante es el temor de muchos padres a presentar denuncias contra un profesor o una escuela. Algunas familias guardan silencio porque temen que, después de reclamar, sus hijos sean señalados, aislados, castigados o sometidos a mayores maltratos físicos o psicológicos. Ningún padre debería verse obligado a escoger entre denunciar una posible injusticia y preservar la tranquilidad de su hijo. El sistema educativo debe garantizar canales confidenciales, investigaciones imparciales y protección efectiva contra cualquier represalia.
Ese miedo también se refleja directamente en los niños. Cuando un estudiante se pone nervioso, baja la mirada, permanece inmóvil o se siente intimidado cada vez que el profesor se acerca, algo merece atención inmediata. La presencia del educador debe transmitir orientación, respeto y seguridad, no angustia. Un aula donde el niño aprende a temerle al adulto responsable de enseñarle deja de ser un espacio educativo y puede convertirse en una experiencia que afecte su autoestima, su aprendizaje y su estabilidad emocional.
La situación resulta todavía más delicada cuando afecta a niños pequeños. El Nivel Inicial dominicano comprende a menores de hasta seis años y su segundo ciclo incluye Pre-Kínder, Kínder y Preprimario, para edades de tres a cinco años. A los seis y siete años, los estudiantes comienzan sus primeros grados de Primaria. Son etapas en las que una experiencia de miedo, rechazo o humillación puede influir profundamente en su relación con la escuela.
En centros de Jornada Escolar Extendida, algunos niños permanecen desde aproximadamente las 7:00 de la mañana hasta las 3:40 de la tarde. Ese horario puede variar según el plantel, pero representa una permanencia prolongada bajo la responsabilidad de docentes y autoridades escolares. Por tanto, la escuela no puede convertirse en un lugar de temor para un niño que pasa allí buena parte de su día.
Un estudiante de siete años que dice que no quiere asistir porque teme a su profesor no debe ser calificado inmediatamente como rebelde, haragán o malcriado. Esa conducta puede ser una señal de alerta. Los padres, orientadores y autoridades deben escucharlo sin inducir sus respuestas, documentar lo que expresa y determinar qué está ocurriendo dentro del aula.
Sí existen responsables y sanciones
El Código de Ética aprobado por el MINERD mediante la Orden Departamental 13-2023 prohíbe expresamente las acciones violentas, el trato discriminatorio y la violencia verbal, psicológica o física contra los estudiantes. Su régimen disciplinario contempla desde amonestaciones hasta suspensión y desvinculación, dependiendo de la gravedad y reiteración de la conducta.
Además, el Reglamento del Estatuto Docente obliga a los educadores a mantener una conducta digna, proteger a sus alumnos y abstenerse de ejercer maltrato físico o moral. El trato inadecuado y el sometimiento de estudiantes a maltratos físicos o psicológicos están tipificados como faltas que pueden generar sanciones.
Cada centro debe contar con una Comisión de Ética integrada por el director, un orientador, representantes de los docentes y del personal administrativo, y el presidente de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Esta comisión, junto con la supervisión educativa, tiene la responsabilidad de recibir, investigar y encaminar las denuncias.
Por consiguiente, no es correcto decir que nadie tiene esa función. La tienen el director del plantel, la Comisión de Ética, el orientador o psicólogo escolar, el Distrito Educativo, la Regional, la Dirección de Supervisión Educativa, Gestión Humana y, en última instancia administrativa, el propio MINERD.
Cuando se sospecha violencia física, abuso, amenaza grave u otra vulneración de derechos, el caso deja de ser solamente un problema laboral o disciplinario. También deben intervenir CONANI, el Ministerio Público especializado en Niños, Niñas y Adolescentes y, ante una emergencia, las autoridades correspondientes.
¿Cuál es la responsabilidad de la ADP?
La ADP es una organización sindical y no sustituye al MINERD en la investigación o sanción de un maestro. Su función principal consiste en representar y defender los intereses laborales del magisterio. Sin embargo, esa condición no la libera de su responsabilidad ética frente a la comunidad educativa.
Defender al maestro no debe significar justificarlo automáticamente ni obstaculizar una investigación. La ADP debe proteger el debido proceso del docente acusado, pero también colaborar para que cualquier conducta que humille, atemorice o lesione a un niño sea investigada con seriedad.
Una organización que exige dignidad para sus miembros también debe exigir dignidad en el trato que sus miembros ofrecen a los estudiantes. Los derechos laborales de los profesores y los derechos fundamentales de los niños no son enemigos; ambos deben protegerse, pero el interés superior del menor debe ocupar un lugar primordial.
Las denuncias no pueden quedarse en conversaciones
Los padres deben presentar su reclamación por escrito, indicando fechas, expresiones o conductas señaladas por el niño, posibles testigos y cambios observados en su comportamiento. Deben solicitar un número, sello o constancia de recepción y conservar copia de todo.
En casos como el de la amenaza de colocar mentol en los ojos, la familia también debe aportar, si la tiene, la constancia médica sobre la alergia de la menor. Asimismo, debe anotar las palabras relatadas por la niña de la manera más fiel posible, sin presionarla ni interrogarla repetidamente.
La primera reclamación puede dirigirse al director y a la Comisión de Ética del centro. Si no existe respuesta o si la situación continúa, debe elevarse al Distrito Educativo y a la Regional correspondiente. También puede presentarse mediante el buzón de quejas del MINERD o el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311, que posee una categoría específica para reportar maltrato, abuso o vulneración de derechos de niños y adolescentes.
No se recomienda enfrentar agresivamente al maestro ni publicar inmediatamente su nombre o fotografía en las redes sociales. Primero debe protegerse al niño, recopilarse la información y activarse el procedimiento institucional. Una acusación pública sin una investigación puede perjudicar tanto al menor como al debido proceso.
Cuando el estudiante presenta miedo persistente, pesadillas, llanto, aislamiento, cambios bruscos de conducta, dolores frecuentes sin explicación médica o rechazo intenso a la escuela, los padres deben buscar la evaluación de un profesional de la psicología infantil. Proteger su salud emocional no puede esperar hasta que termine el proceso administrativo.
No basta con llevar al niño a la escuela
La calidad educativa no se mide solamente por edificios, uniformes, alimentación, computadoras o cantidad de horas de clase. También se mide por la manera en que un adulto habla, corrige y orienta a un niño.
La República Dominicana necesita una supervisión más activa, protocolos conocidos por las familias, orientadores suficientes, investigaciones con plazos definidos y estadísticas públicas sobre las denuncias de violencia psicológica o física atribuidas al personal escolar. También necesita capacitación continua sobre disciplina positiva, manejo del aula y desarrollo emocional infantil.
La mayoría de los maestros dominicanos realiza una labor sacrificada y digna. Precisamente por respeto a esos buenos educadores, las conductas abusivas no deben ocultarse ni confundirse con disciplina. Un profesor puede corregir con firmeza, pero nunca tiene derecho a humillar, insultar, amenazar, golpear o utilizar el miedo para controlar a un estudiante.
La ADP tiene derecho a reclamar mejores salarios y prestaciones. No obstante, la sociedad también tiene derecho a exigirle que levante su voz cuando un maestro incumple su misión. El MINERD, por su parte, debe demostrar que su Código de Ética no es solamente un documento, sino una herramienta de protección real.
Cuando un niño de cinco, seis o siete años llega frustrado a su casa y suplica que no lo lleven nuevamente a la escuela, el sistema debe escucharlo. Antes que cualquier sindicato, cargo o interés institucional está su bienestar. La escuela fue creada para educar, proteger y formar, nunca para sembrar miedo.
