Por José Zabala, creador de contenido
Nueva York – En la República Dominicana, el fenómeno de la “difamación mediática” ha alcanzado en los últimos años un nivel preocupante. Comentarios irresponsables, acusaciones sin pruebas y juicios mediáticos al margen de los tribunales han llenado espacios de radio, televisión y redes sociales. Sin embargo, en semanas recientes, un nuevo panorama parece emerger: detenciones y procesos judiciales formales contra comunicadores por presunta difamación están marcando una nueva etapa en la forma de ejercer el periodismo y la opinión pública en el país. ¿Estamos ante una pausa, una tregua, o el inicio de una transformación más profunda?
Opinión legal experta
El abogado penalista Luis Hidalgo Cabral, consultado por este medio, opinó:
“El incremento de querellas por difamación y el uso de medios digitales como plataformas para lanzar ataques personales ha obligado al sistema judicial a modernizar su respuesta. Aún no estamos completamente preparados para el volumen de demandas que podrían surgir si esta tendencia continúa, pero es positivo que la justicia esté enviando un mensaje de que la calumnia no es libertad de expresión.”
El temor a los tribunales
Luego de varios casos de alto perfil en los que comunicadores han sido citados, procesados o incluso detenidos por denuncias de difamación, el ambiente en los medios ha cambiado drásticamente. Comunicadores que antes hablaban sin filtros ahora miden sus palabras, consultan a abogados antes de emitir opiniones fuertes y comienzan a priorizar la veracidad por encima del sensacionalismo.
Este cambio no solo responde a la presión judicial, sino también al miedo colectivo: ¿vale la pena un comentario viral si puede terminar en una celda? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo.
¿Freno o censura?
Mientras algunos celebran estas acciones legales como un acto de justicia, otros cuestionan si se está cayendo en un terreno peligroso de represión a la libertad de expresión. El equilibrio entre “libertad de prensa” y “responsabilidad mediática” nunca ha sido tan tenso como ahora.
El periodista Pedro Mella, entrevistado en un programa de panel, afirmó:
“No es lo mismo tener derecho a opinar que derecho a difamar. En nombre de la libertad de expresión no se puede destruir reputaciones sin pruebas.”
¿Vale más pedir perdón que enfrentar la justicia?
Los casos recientes han dejado una lección clara: pedir disculpas públicas a tiempo puede evitar procesos largos, costosos y con consecuencias legales graves. Algunas figuras públicas han optado por reconciliaciones fuera de los tribunales, mientras otras enfrentan procesos penales con penas que podrían incluir multas severas y hasta prisión, según el artículo 367 del Código Penal Dominicano.
¿Qué dicen las estadísticas?
En lo que va del 2025, según datos del Poder Judicial dominicano, las demandas por difamación e injuria han aumentado en más de un 40 % con respecto a 2023. La mayoría proviene del entorno político, empresarial y del entretenimiento. Las redes sociales también se han convertido en el campo de batalla más explosivo.
La sociedad dominicana se enfrenta hoy a una oportunidad histórica: redefinir el rol del comunicador, el periodista y el creador de contenido en la era de la inmediatez digital. La justicia comienza a poner límites, y los medios —tradicionales y digitales— tendrán que decidir si siguen siendo trincheras de escándalo o trincheras de responsabilidad social.
¿Se aplaca la ira de la difamación? Tal vez no del todo. Pero hay un nuevo temor, un nuevo respeto, y una nueva conciencia de que las palabras también tienen consecuencias.
José Zabala, creador de contenido. Opinión, análisis y responsabilidad desde la diáspora.
