El nuevo Código Procesal Penal dominicano mantiene obligaciones para los testigos. Pero ¿qué ocurre cuando alguien señala públicamente a un supuesto culpable y después su versión se derrumba? La diferencia entre equivocarse y mentir puede ser decisiva.
Por José Zabala, creador de contenido
Nueva York.– «Yo lo vi», «Fue él», «Estoy seguro de lo que pasó». Son expresiones frecuentes cuando ocurre un crimen y los medios de comunicación entrevistan a personas que aseguran haber presenciado los hechos.
En cuestión de minutos, esas declaraciones pueden hacerse virales. Miles de personas las comparten, comentan y convierten al señalado en culpable, aunque todavía no exista una investigación concluida.
Pero ¿qué sucede cuando la justicia descubre que el testigo se equivocó, contó una verdad a medias o mintió deliberadamente?
1. Equivocarse no es lo mismo que mentir
La primera diferencia es fundamental.
Un testigo puede confundirse por miedo, nerviosismo, oscuridad, distancia o por haber observado solamente una parte de lo ocurrido.
Por ejemplo, alguien escucha disparos, ve correr a una persona y supone que fue quien disparó. Posteriormente, las cámaras de seguridad demuestran otra realidad.
Ese testigo pudo equivocarse de buena fe sin haber mentido.
Distinto sería que una persona, sabiendo que alguien no participó en un crimen, lo acusara intencionalmente por venganza, interés económico o cualquier otro motivo.
En el primer caso existe un posible error de percepción; en el segundo, una posible falsedad deliberada.
2. ¿Qué dice el nuevo Código Procesal Penal dominicano?
La República Dominicana cuenta con la Ley 97-25, promulgada en diciembre de 2025, que sustituyó el Código Procesal Penal anterior, establecido mediante la Ley 76-02 y sus modificaciones.
Es importante aclarar que la nueva legislación no eliminó la obligación de los testigos de declarar con veracidad.
Entre sus disposiciones relacionadas con este tema figuran:
Artículo 202. Comparecencia obligatoria del testigo. Establece que quien sea debidamente citado tiene la obligación de comparecer.
Artículo 203. Conducencia. Permite que un testigo que no comparezca después de una citación regular sea conducido mediante la fuerza pública, bajo las condiciones legales.
Artículo 205. Forma de la declaración. Dispone que, antes de declarar, el testigo sea informado de sus obligaciones y responsabilidades y preste juramento o promesa de decir la verdad, según sus creencias.
Artículo 207. Testigo reticente. Contempla una multa para determinadas situaciones de incomparecencia o negativa a cumplir el objeto de la citación.
Artículo 225. Careo. Permite confrontar a personas cuyas declaraciones presentan discrepancias sobre hechos importantes.
Estas disposiciones regulan el procedimiento para obtener y examinar testimonios. No significan que cualquier ciudadano que ofrezca una versión incorrecta ante una cámara pueda ser condenado automáticamente por falso testimonio.
3. ¿Qué se eliminó realmente del Código?
Lo que fue derogado fue el régimen procesal anterior, mediante la sustitución de la Ley 76-02 y sus reformas.
No debe confundirse la derogación del antiguo Código con la eliminación de las responsabilidades de los testigos.
El nuevo Código conserva mecanismos para citar, interrogar y examinar a quienes declaran.
Además, debe distinguirse entre el Código Procesal Penal, que regula los procedimientos judiciales, y el Código Penal, que establece los delitos y las sanciones correspondientes.
4. La mirada jurídica: una declaración viral no es una sentencia
Desde una perspectiva de análisis jurídico, un abogado penalista explicaría que el punto decisivo no es solamente comprobar que una declaración resultó falsa, sino determinar si el testigo sabía que estaba mintiendo y en qué circunstancias hizo la afirmación.
Una persona puede recordar mal un rostro, confundir horarios o interpretar incorrectamente una escena. Eso no demuestra por sí solo intención criminal.
En cambio, una acusación deliberadamente falsa puede tener consecuencias jurídicas si se cumplen los requisitos de alguna infracción prevista por la legislación.
La justicia necesita pruebas, no solamente declaraciones pronunciadas con seguridad.
Esta es una interpretación jurídica general, no una entrevista ni una opinión atribuida a un abogado específico.
5. ¿Quién responde por el daño de una declaración viral?
Aquí aparece el problema social más delicado.
Una persona puede ser señalada como responsable de un crimen, perder oportunidades laborales, recibir amenazas y sufrir daños familiares por una versión que después resulta incorrecta.
Aunque el caso se aclare, el video puede permanecer en internet durante años.
Por eso, los comunicadores deben distinguir entre un testimonio y un hecho comprobado. También deben procurar que las rectificaciones reciban la atención necesaria.
Una cámara registra lo que alguien dice, pero no certifica que lo dicho sea verdad.
No sucede solamente en República Dominicana
Esta situación también puede presentarse en Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Personas que presencian incidentes ofrecen declaraciones bajo presión emocional o por circunstancias particulares. Después, las investigaciones pueden revelar contradicciones, errores o afirmaciones sin fundamento. Sin embargo, para entonces la opinión pública puede haber aceptado aquella primera versión como definitiva.
Reflexión final: el micrófono no sustituye a la justicia
Un ciudadano tiene derecho a contar lo que vio. Un comunicador tiene derecho a preguntar. Y las autoridades tienen la obligación de investigar.
Pero nadie debería ser condenado públicamente solamente porque otra persona aseguró haberlo visto cometer un delito.
Equivocarse es humano. Mentir deliberadamente es otra cosa. Y convertir cualquiera de esas declaraciones en una condena social, sin comprobar los hechos, puede destruir la reputación de un inocente.
La responsabilidad comienza por reconocer una verdad sencilla: no todo testigo dice la verdad, pero tampoco todo testigo equivocado es un mentiroso.
Fuentes consultadas
* Presidencia de la República Dominicana: promulgación de la Ley 97-25, diciembre de 2025.
* Ley 97-25, Código Procesal Penal de la República Dominicana, artículos 202, 203, 205, 207 y 225.
* Texto legal de la Ley 97-25, Gaceta Oficial núm. 11221, del 8 de diciembre de 2025.
Nota editorial: Artículo de análisis general. No se atribuyen declaraciones a un abogado entrevistado ni se señala a personas específicas. Las posibles responsabilidades penales o civiles deben determinarse conforme a la legislación aplicable y las pruebas de cada caso.
Imagen Ilustrativa IA.
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Referencias jurídicas verificadas: Presidencia de la República Dominicana
