Un juez federal de EE.UU. declara ilegal la política de deportaciones a terceros países de la era Trump
Un juez federal de Boston, Brian Murphy, anuló una controvertida política implementada durante la administración de Donald Trump que permitía deportar a migrantes indocumentados a terceros países sin garantías legales. El fallo, emitido este miércoles, ordena la suspensión inmediata de esta práctica y exige que el gobierno respete el debido proceso antes de realizar cualquier deportación.
«Esta política violaba los derechos fundamentales de los migrantes al no garantizarles un proceso justo antes de ser expulsados», declaró el juez Murphy en su resolución.
El fallo: Protección del debido proceso y derechos humanos
El magistrado declaró nulo un memorando que autorizaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a deportar migrantes a cualquier país con solo seis horas de anticipación, una medida que, según el juez, no cumplía con los estándares mínimos del debido proceso.
Entre las exigencias del fallo, se incluye que el gobierno debe: ✅ Notificar con anticipación suficiente a los migrantes sobre su posible deportación a un tercer país. ✅ Permitirles presentar objeciones y defender sus derechos antes de ser expulsados. ✅ Garantizar que los países receptores ofrezcan condiciones seguras y respetuosas de los derechos humanos.
«El gobierno no puede deportar a personas sin darles la oportunidad de impugnar su expulsión. Eso es una violación flagrante del debido proceso», afirmó el juez Murphy.
Falta de transparencia: Cuestionamientos a las «garantías de seguridad»
El fallo también puso en duda las supuestas «garantías de seguridad» que la administración de Trump afirmaba haber negociado con los países receptores. Según el juez, «no hay evidencia suficiente» de que estos países ofrezcan protección adecuada a los migrantes deportados, lo que genera riesgos de persecución o violaciones a sus derechos.
«No se puede deportar a personas a países donde no se garantiza su seguridad. Eso es incompatible con los principios del derecho internacional y los derechos humanos», advirtió el magistrado.
Países involucrados: Destinos cuestionados para las deportaciones
Un informe del Senado de EE.UU. reveló que, en 2025, el gobierno destinó cerca de 40 millones de dólares para que terceros países aceptaran migrantes deportados. Entre los países mencionados se encuentran:
- El Salvador
- Guinea Ecuatorial
- Ruanda
- Esuatini
- Palaos
Estos destinos han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos, que denuncian falta de garantías legales y condiciones inseguras para los migrantes.
«Deportar a personas a países donde no tienen vínculos y podrían enfrentar peligros es una práctica inaceptable y contraria a los principios humanitarios», declaró un representante de Human Rights Watch.
Reacciones: Organizaciones celebran el fallo como un triunfo para la justicia
El fallo fue aplaudido por grupos defensores de los derechos de los migrantes, quienes lo calificaron como un «avance histórico en la protección de los derechos humanos».
«Esta decisión es un paso crucial para evitar deportaciones arbitrarias y sin garantías. Esperamos que el gobierno cumpla con este fallo y respete los derechos de todas las personas», declaró un portavoz de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles).
Contexto: Una política heredada de la era Trump
Esta política fue parte de las medidas migratorias restrictivas implementadas durante el gobierno de Donald Trump, que incluían:
- «Tolerancia Cero» (separación de familias en la frontera).
- Deportaciones express sin procesos judiciales adecuados.
- Acuerdos con terceros países para recibir migrantes deportados sin garantías.
«Esta política formaba parte de un enfoque más amplio para disuadir la migración, pero lo hacía a costa de los derechos fundamentales de las personas», explicó un experto en políticas migratorias.
Próximos pasos: ¿Qué implica este fallo para el futuro?
El fallo del juez Murphy obliga al gobierno de EE.UU. a:
- Suspender de inmediato las deportaciones a terceros países bajo esta política.
- Revisar los casos de migrantes ya deportados bajo este esquema.
- Garantizar el debido proceso en futuras expulsiones, incluyendo notificación oportuna y derecho a defensa.
«Este fallo no solo detiene una política injusta, sino que también establece un precedente importante para proteger los derechos de los migrantes en el futuro», señaló un abogado especializado en derecho migratorio.
Conclusión: Un paso hacia la justicia migratoria
La decisión del juez Brian Murphy representa un avance significativo en la protección de los derechos de los migrantes en EE.UU., al frenar una política que vulneraba el debido proceso y ponía en riesgo la seguridad de las personas deportadas. Este fallo reafirma la importancia de la justicia y el respeto a los derechos humanos en las políticas migratorias.
«La justicia ha prevalecido. Este fallo demuestra que ninguna administración puede actuar por encima de la ley cuando se trata de derechos fundamentales», concluyó un activista de derechos humanos.
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