Por:Redacción De Último Minuto
13 de octubre de 2025
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Santo Domingo. – La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Peravia condenó al jugador de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr. al pago de RD$25,352,970 a favor de la empresa Rose Art Deco, SRL, por concepto de trabajos de construcción y diseño realizados en su villa vacacional ubicada en Nizao.
La sentencia, identificada con el número 538-2025-SCIV-00604 y emitida el 18 de septiembre de 2025, acoge en todas sus partes la demanda en cobro de pesos interpuesta por la compañía, representada por su gerente Rosa María de la Cruz, a través de los abogados Manuel Olivero Rodríguez y Fernando Gutiérrez Figuereo.
De acuerdo con la acción civil, Guerrero Jr. habría incumplido el pago por los trabajos contratados, pese a que la empresa ejecutó las obras pactadas en el proyecto de construcción y diseño interior de la vivienda.
Antecedentes del caso
Durante el proceso judicial, el pelotero interpuso una querella penal contra Rose Art Deco, SRL, alegando “trabajo pagado y no realizado”. Sin embargo, el tribunal de primera instancia descargó de toda responsabilidad penal a la empresa y sus representantes, fallo que posteriormente fue confirmado por la Corte de Apelación de San Cristóbal.
La reciente decisión civil reconoce la validez de los trabajos efectuados y ordena al jugador de los Toronto Blue Jays pagar el monto completo adeudado por los servicios prestados.
Reacción de la empresa
La gerente de la compañía, Rosa María de la Cruz, manifestó su satisfacción con el fallo, destacando que “se hizo justicia después de varios años de lucha legal”.
“Hoy me siento tranquila porque el Tribunal reconoció que el señor Vladimir Guerrero Jr. jugó con nuestro trabajo, sudor y esfuerzo, utilizando como mecanismo para no pagarnos la presentación de una querella penal. Salimos descargados y ahora esperamos que cumpla con el pago que nos adeuda”, expresó De la Cruz.
La empresaria agradeció a su equipo legal y consideró que la decisión representa un precedente importante para la defensa de los derechos de las pequeñas y medianas empresas ante incumplimientos contractuales.
