El Estrecho de Ormuz, un canal marítimo de apenas 54 kilómetros de ancho ubicado entre Irán y Omán, se ha convertido en el epicentro de una crisis geopolítica que está repercutiendo con fuerza en la economía dominicana. Este estrecho, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial (entre 17 y 21 millones de barriles diarios), ha sido escenario de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero de 2026, cuando Teherán respondió a un ataque militar conjunto con la amenaza de restringir el tránsito marítimo. La consecuencia inmediata fue un aumento en la volatilidad del mercado petrolero global, que ha encarecido los combustibles en República Dominicana, elevado la factura energética en US$900 millones y obligado al Gobierno a destinar hasta RD$1,600 millones semanales en subsidios para contener el impacto en la inflación y el bolsillo de los ciudadanos.
El conflicto en Ormuz ha desatado una crisis de suministro sin precedentes. Según el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía (AIE), en su Informe del Mercado del Petróleo de abril de 2026, la interrupción inicial del flujo a través del estrecho provocó una pérdida de aproximadamente 10 millones de barriles diarios, una cifra histórica. El precio del barril de Brent superó los 126 dólares a finales de abril, su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ante esta situación, Estados Unidos lanzó el «Proyecto Libertad», una operación militar para escoltar buques mercantes en la zona, pero Irán lo interpretó como una violación del alto el fuego pactado el 8 de abril, respondiendo con ataques contra tres buques estadounidenses. Aunque el 5 de mayo el entonces presidente Trump suspendió la operación, alegando avances en las negociaciones, la tensión persiste: no hay acuerdo firmado, el estrecho no está completamente reabierto, y el precio del crudo sigue en ascenso.
Para República Dominicana, un país que no produce ni una gota de petróleo y importa el 100% de sus hidrocarburos, esta crisis ha tenido un impacto directo y devastador. Aunque en 2014 el principal proveedor era Venezuela bajo el acuerdo PetroCaribe, desde 2016 el mapa energético dominicano se reconfiguró, y hoy los tres principales proveedores son Estados Unidos (más del 80% de las importaciones), Países Bajos y Colombia. Sin embargo, el petróleo es un mercado global con precio único: cuando el crudo sube en el Golfo Pérsico, sube en Houston, Rotterdam y Barranquilla. Por eso, aunque República Dominicana no importa directamente de Oriente Medio, el precio de referencia internacional —determinado en gran medida por lo que ocurre en esos 54 kilómetros de agua— afecta directamente el costo de los combustibles en el país.
El impacto económico ya es visible. El Banco Central de República Dominicana (BCRD) proyecta que la guerra en Ormuz le costará al país US$900 millones adicionales en su factura energética durante 2026, elevando el gasto total en energía a cerca de US$5,400 millones al cierre del año, frente a los US$4,662.1 millones registrados en 2025. Este es el mayor choque energético que enfrenta la economía dominicana en décadas. Además, el BCRD advierte que la inflación superará el 5% entre el segundo y tercer trimestre de 2026, alcanzando su pico máximo en el último período, debido al encarecimiento de los combustibles y su efecto en cadena sobre el transporte, la logística y la producción de alimentos. Para mitigar el golpe, el Gobierno ha optado por absorber la mayor parte del aumento: el ministro de Hacienda, Magín Díaz, confirmó que el Estado destina entre RD$1,500 y RD$1,600 millones semanales en subsidios a los combustibles, una cifra que el propio funcionario calificó como uno de los choques externos más severos registrados. La estrategia consiste en absorber el 80% del aumento del precio internacional y trasladar solo el 20% al consumidor final.
Sin embargo, el aumento en los precios ya se ha reflejado en las bombas de gasolina. La semana del 2 al 8 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso un aumento de hasta RD$9.00 por galón en gasolina premium y gasoil óptimo, llevando los precios a RD$323.10 y RD$275.10, respectivamente. Aunque el Gobierno ha intentado contener el impacto, el debate sobre la sostenibilidad de este modelo de subsidios está sobre la mesa. Mientras el economista José Lois Malkún considera que esta es la decisión correcta en un contexto de alta incertidumbre, otros argumentan que, a la larga, el ciudadano termina financiando su propio alivio.
Ante la pregunta de qué pasaría si el conflicto se prolonga, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró en marzo que los principales contratos de suministro de gas natural —base de la matriz energética dominicana— tienen precios fijados, por lo que no habría un impacto inmediato. Sin embargo, advirtió que una prolongación del conflicto podría afectar el abastecimiento a través del Estrecho de Ormuz, especialmente porque el gas natural licuado (GNL) que se comercializa en los mercados internacionales también proviene en parte de la misma región. Si el conflicto escala y los contratos actuales vencen sin renovarse en condiciones favorables, el colchón de protección que hoy tiene el país podría debilitarse significativamente.
En este escenario, la producción regional de energía emerge como una variable estratégica. Según el primer reporte mensual de Petróleo y Gas de la OLACDE (Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía), correspondiente a enero de 2026, América Latina y el Caribe produjo 361 millones de barriles de petróleo ese mes —un 11% más que en enero de 2025—, con Brasil, México y Venezuela concentrando el 70% del total. En gas natural, la región produjo 28,000 millones de metros cúbicos, con Argentina (21%), Trinidad y Tobago (20%) y Brasil (13%) como los principales productores. Un dato clave es que el 56% de las importaciones de petróleo y el 59% de las adquisiciones de gas natural en la región provienen de mercados intrarregionales, lo que sugiere que fortalecer los vínculos energéticos con países como Trinidad y Tobago —un exportador clave de GNL en el hemisferio— podría ser una solución estructural para reducir la vulnerabilidad de República Dominicana.
La crisis en Ormuz ha reavivado el debate sobre la soberanía energética en el país. Aunque la matriz energética dominicana ha cambiado sustancialmente en los últimos años —la participación de los derivados del petróleo en la generación eléctrica cayó del 45% al 10% entre 2020 y 2025, mientras que el gas natural se consolidó como la principal fuente con un 41.4%, seguido del carbón mineral con 29.7%—, esta diversificación reduce, pero no elimina, la exposición al precio del crudo. El gas natural tampoco es inmune a la geopolítica del Golfo Pérsico, ya que una parte del GNL que se comercializa internacionalmente proviene de la misma región.
Ante este panorama, el país avanza en la elaboración de su Política Energética Nacional 2050, una estrategia que busca diversificar la generación, ampliar el acceso a la energía y consolidar las fuentes renovables. La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, destacó el potencial de República Dominicana para liderar un modelo energético sostenible en la región, basado en energías limpias como la solar, eólica e hidroeléctrica, que no dependen de estrechos, conflictos bélicos ni decisiones de la OPEP. Como argumentó Soto: «Un kilowatt generado por un panel solar en Azua o por un aerogenerador en Pedernales es un kilowatt que no está sujeto a la volatilidad del crudo internacional».
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