En un fallo histórico, el Ministerio Público logró que el empresario Maxy Montilla y sus empresas reconozcan su responsabilidad en actos de corrupción vinculados al sector eléctrico, como parte de la Operación Antipulpo. El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía, incluye el pago de RD$2,000 millones en efectivo al Estado, la disolución de once compañías y el resarcimiento a las distribuidoras de electricidad por RD$600 millones.
Detalles del esquema corrupto La investigación reveló que Montilla, investigado junto a Juan Alexis Medina Sánchez, utilizó sus empresas para adjudicarse contratos públicos de forma ilícita, gracias a información privilegiada y pagos de sobornos a funcionarios. El Ministerio Público señaló que estas prácticas generaron un monopolio de proveedores en el sector energético, afectando la operatividad de las Edes y el patrimonio nacional.
Indemnizaciones y decomisos Además del pago en efectivo, Montilla deberá transferir a la DGII RD$431 millones y ceder un terreno en Naco, valorado en RD$50 millones. Las empresas involucradas, como Electrocable Aluconsa y Watmax Lighting, serán disueltas en dos años, según lo establecido en el acuerdo.
El papel del criterio de oportunidad La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) impulsó el pacto bajo el artículo 370 del Código Procesal Penal, que faculta al Ministerio Público a negociar acuerdos cuando el imputado aporta información valiosa para esclarecer hechos complejos. Mirna Ortiz, de la Pepca, resaltó que esta resolución demuestra el compromiso de la procuradora Yeni Berenice Reynoso con la transparencia y la recuperación de activos.
Impacto en el sector eléctrico Las distribuidoras EdeEste, EdeSur y EdeNorte, asistidas legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián y Ramón Emilio Núñez, recibieron las indemnizaciones como compensación por las pérdidas ocasionadas. El caso evidencia cómo la corrupción sistemática ha debilitado la infraestructura eléctrica del país.
¿Es suficiente? Aunque el acuerdo es celebrado como un avance, voces críticas señalan que la aplicación del criterio de oportunidad podría percibirse como una salida fácil para los implicados. Sin embargo, las autoridades insisten en que es una herramienta efectiva para agilizar la justicia y recuperar recursos.
