El traslado de familias que han residido durante años bajo el Puente de la 17 en Santo Domingo ha generado malestar y desconfianza entre los residentes, quienes denuncian que las compensaciones económicas ofrecidas por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) son insuficientes y no garantizan una vivienda digna. Aunque las autoridades insisten en que el proceso es voluntario, muchos afectados aseguran que se sienten presionados a aceptar montos que no cubren sus necesidades.
Compensaciones que no alcanzan para una vivienda digna
Juan Carlos, quien ha vivido 43 años bajo el puente, aceptó los RD$750,000 que le ofreció URBE después de múltiples reclamos, pero con frustración: «¡Quién puede con el Gobierno! Tuve que aceptar lo que me daban, pero ese dinero no alcanza para comprar una casa decente», declaró. Para completar la compra de una vivienda, tuvo que recurrir a un préstamo de RD$50,000, lo que lo dejó endeudado.
Su hermana, Annerys Tavares, recibió RD$250,000 por una casa de madera que alquilaba, mientras que la propietaria obtuvo RD$70,000. «Con ese dinero no puedo comprar nada. Ahora tendré que alquilar, y con los precios actuales, no sé cómo voy a pagar», expresó con preocupación.
Casos de demoras y promesas incumplidas
Yissel Estrella Delgado Caraballo denunció que, aunque le prometieron una compensación en 2019, aún no ha recibido nada. «Me dijeron que me darían un monto, pero nunca llegó. ¿Cómo voy a moverme sin recursos?», cuestionó.
Bartolo Novas, quien firmó un acuerdo hace ocho años, recibió RD$600,000, pero en su vivienda vivía otra persona que no recibió compensación. «Firmé porque no tenía otra opción, pero el dinero no es suficiente. Ahora vivo en un lugar peor que antes», lamentó.
Resistencia al traslado: «No nos iremos sin una solución justa»
Aún quedan varias familias que se resisten a abandonar sus hogares. Martínez Medina Ferreras, quien lleva más de 20 años en el lugar, se niega a aceptar el monto ofrecido porque no cubre el valor de su vivienda. «Yo no firmé. Lo que ellos me dan no vale mi casa. Aquí nací, aquí crecí, aquí tengo mi vida. No me voy a ir por un dinero que no me alcanza ni para alquilar», declaró con firmeza.
El proceso de traslado: Supervisión y demoliciones
Representantes de URBE supervisan el proceso para asegurar que se cumplan los protocolos. Luis Alcántara, supervisor de la entidad, explicó que las familias son notificadas con antelación y que se les ofrece transporte en minibuses con aire acondicionado y servicio de mudanza. Sin embargo, los residentes denuncian que el proceso es forzoso. «Nos dicen que es voluntario, pero si no aceptamos, nos dejan sin nada. ¿Dónde está la opción?», se preguntó una vecina.
El futuro del espacio: Demoliciones y planes inciertos
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) demuele las estructuras una vez que las familias son trasladadas. Wilton Fernández, ingeniero civil de la obra, informó que se colocarán vallas para evitar nuevas ocupaciones y que, para octubre de 2025, está prevista la entrega de un nuevo destacamento policial en la zona.
Mientras tanto, familias como la de Natalí, quien vivía con su esposo en una casa heredada, se enfrentan a un futuro incierto. Su vivienda fue tasada en RD$300,000, un monto que considera insuficiente para adquirir una nueva casa. «Nos quedaremos en la calle si nos sacan. No tenemos adónde ir», advirtió.
Un llamado a la justicia social
El caso del Puente de la 17 pone en evidencia la falta de políticas de vivienda asequible en República Dominicana y la gentrificación que desplaza a familias de bajos ingresos sin ofrecerles alternativas reales. «Nos prometieron una solución, pero nos dejan en la calle. ¿Dónde está la justicia?», se preguntó Juan Carlos, mientras observaba cómo su hogar de cuatro décadas era reducido a escombros.
