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¡Cuando la opinión sustituye la verdad! El peligro de los comunicadores que no investigan en República Dominicana

ANÁLISIS Y OPINIÓN | MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2026

¿Por qué algunos comunicadores y periodistas pierden credibilidad aun teniendo miles de seguidores? La desinformación, las agendas políticas y económicas, la falta de investigación y la negativa a rectificar errores pueden convertirse en una amenaza para la confianza pública y la democracia.

Desde la diáspora dominicana surgen inquietudes sobre periodistas, podcasters, youtubers, influencers y comunicadores de televisión y radio que difunden informaciones sin suficiente verificación. ¿Qué ocurre cuando una mentira se vuelve viral y nadie se responsabiliza de corregirla?

Por José Zabala, creador de contenido

Nueva York.– Una preocupación que expresan residentes de la diáspora dominicana merece una reflexión profunda: ¿por qué algunos comunicadores, periodistas, podcasters, youtubers e influencers difunden informaciones sin investigar suficientemente, especialmente cuando se trata de adversarios políticos, figuras públicas o personas con quienes no mantienen buenas relaciones? ¿Por qué algunos parecen más interesados en conseguir audiencia que en ofrecer información clara, equilibrada y comprobada?

¿Por qué algunos comunicadores pierden credibilidad, aunque tengan miles de seguidores? Porque la popularidad no garantiza confianza ni calidad informativa. Cuando un comunicador presenta rumores como hechos, selecciona informaciones según sus intereses políticos, económicos o personales, evita contrastar las fuentes y se niega a reconocer sus errores, termina debilitando su propia credibilidad. Tener miles de seguidores puede representar influencia, pero no necesariamente respeto profesional. La verdadera credibilidad se construye con independencia, investigación, transparencia, equilibrio y compromiso con la verdad. Una audiencia numerosa puede dar fama, pero solamente la responsabilidad informativa genera confianza duradera.

El problema no es opinar ni tener preferencias políticas. Todo ciudadano tiene derecho a expresar sus ideas, cuestionar al Gobierno, criticar a los partidos y denunciar posibles irregularidades. El verdadero peligro comienza cuando una opinión se presenta como noticia, una acusación como hecho comprobado o un rumor como verdad absoluta.

En República Dominicana, donde la televisión, la radio, los medios digitales y las redes sociales tienen una influencia importante en el debate público, la difusión de información no verificada puede afectar reputaciones, profundizar la polarización y confundir a ciudadanos que necesitan información confiable para tomar decisiones.

Cuando se equivocan, no piden disculpas y dejan la mentira circulando

Uno de los comportamientos más preocupantes es el de aquellos comunicadores que difunden informaciones equivocadas y, aun después de conocer la verdad, no rectifican ni ofrecen disculpas públicas. La mentira queda circulando en las redes sociales, mientras una parte de la población puede asumirla como cierta, compartirla y hasta tomar decisiones basándose en ella.

Más grave todavía es cuando alguien mantiene deliberadamente una falsedad para conseguir likes, visualizaciones, audiencia o beneficios políticos y económicos. Esa conducta, cuando se demuestra, no solamente perjudica la credibilidad del comunicador: también puede destruir reputaciones, manipular la opinión pública, alimentar conflictos y debilitar la confianza en las instituciones democráticas.

Equivocarse es humano. Lo verdaderamente preocupante es conocer el error, disponer de las pruebas que lo desmienten y decidir mantenerlo públicamente. Una rectificación responsable debería tener una visibilidad proporcional a la información original, especialmente cuando esta alcanzó a miles de personas.

¿Por qué preocupa tanto esta situación a la diáspora dominicana?

Muchos dominicanos residentes en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos mantienen una relación permanente con su país a través de programas televisivos, transmisiones radiales, podcasts, canales de YouTube y plataformas digitales.

Para una parte importante de esa comunidad, estos espacios representan una fuente cotidiana de información sobre política, economía, seguridad, justicia y acontecimientos nacionales.

Sin embargo, cuando una noticia llega cargada de intereses particulares, afirmaciones no verificadas o ataques personales, el ciudadano que se encuentra lejos del país puede recibir una imagen distorsionada de lo que realmente está ocurriendo.

Las inquietudes recogidas entre residentes de la diáspora son testimonios que merecen atención, aunque no constituyen por sí solas una encuesta representativa ni permiten afirmar que la mayoría de los comunicadores dominicanos actúe de esa manera.

La formación académica no sustituye la ética profesional

Muchos comunicadores cuentan con formación universitaria en periodismo o comunicación social. Otros se han desarrollado de manera autodidacta y han logrado construir importantes audiencias.

Ambos grupos pueden realizar aportes valiosos a la sociedad. Sin embargo, ningún título académico, reconocimiento profesional, programa de televisión o cantidad de seguidores sustituye la obligación de verificar los hechos, contrastar las fuentes y escuchar a las partes involucradas.

La preparación profesional debe reflejarse en la calidad de la información, no solamente en la capacidad de hablar frente a una cámara o un micrófono.

La advertencia de los expertos: popularidad no significa credibilidad

El investigador Nic Newman, del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, ha analizado cómo el crecimiento de podcasters, youtubers e influencers está transformando el consumo de noticias.

El Digital News Report 2025 documenta la creciente preocupación internacional por la información falsa o engañosa y por la influencia de personalidades digitales en el debate público.

Estos hallazgos internacionales no permiten establecer qué porcentaje de comunicadores dominicanos difunde información falsa, pero sí ayudan a comprender los desafíos que enfrenta el periodismo en una época dominada por las plataformas digitales.

La UNESCO también ha insistido en la importancia de la verificación, la alfabetización mediática y la responsabilidad profesional para combatir la desinformación.

¿Qué establece el nuevo Código Penal dominicano?

La República Dominicana aprobó la Ley 74-25, posteriormente modificada por la Ley 44-26, que contempla disposiciones relacionadas con la difamación, la injuria y la protección del honor.

Entre las disposiciones relevantes se encuentran las siguientes:

Artículo 208. Difamación. Contempla sanciones para conductas que lesionan la reputación de una persona mediante imputaciones que reúnen los elementos definidos por la ley.

Artículo 209. Difamación extorsiva. Aborda supuestos en los que determinadas amenazas o imputaciones se utilizan como mecanismo de presión para obtener beneficios o imponer exigencias.

Artículo 210. Injuria. Regula determinadas expresiones ofensivas contra la dignidad o el honor de las personas.

Artículo 211. Crítica de interés público. Contiene disposiciones relevantes para distinguir las críticas fundamentadas sobre asuntos públicos de las conductas sancionables.

Estas normas deben interpretarse junto con las garantías constitucionales de libertad de expresión y de información, así como con los criterios judiciales aplicables. Además, el nuevo Código Penal tiene una entrada en vigor diferida, por lo que sus disposiciones no deben confundirse automáticamente con las normas vigentes al momento de una publicación.

Una información equivocada no constituye automáticamente difamación ni injuria. Tampoco la falta de disculpas, por sí sola, configura necesariamente un delito. Cada caso requiere examinar los hechos, la intención cuando sea jurídicamente relevante y los elementos específicos de la infracción.

De igual manera, las leyes de protección del honor no deben utilizarse para intimidar a quienes investigan, denuncian irregularidades o realizan críticas legítimas sobre asuntos de interés público.

¿Qué debe hacerse para recuperar la confianza?

La solución no consiste en censurar a los comunicadores ni impedir las opiniones políticas. Por el contrario, una democracia necesita medios independientes, voces críticas y ciudadanos capaces de cuestionar a quienes ejercen el poder.

Lo que debe fortalecerse es la responsabilidad informativa.

Antes de publicar una acusación, es necesario investigar, presentar pruebas, consultar fuentes confiables y ofrecer a las personas involucradas la oportunidad de responder.

Los comunicadores también deben distinguir claramente entre una noticia, una opinión personal, una denuncia y una información todavía no confirmada.

Cuando se comete un error, corresponde rectificarlo públicamente, sin convertir la corrección en un enfrentamiento personal.

Las universidades, asociaciones profesionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir mediante formación continua, códigos éticos, mecanismos transparentes de corrección y programas de alfabetización mediática.

El público también tiene una responsabilidad: no compartir automáticamente una información por el simple hecho de que provenga de una persona famosa o de un comunicador con miles de seguidores.

Reflexión final: una democracia no puede construirse sobre rumores

La desinformación repetida puede terminar normalizando la mentira, debilitando la confianza ciudadana y distorsionando el debate democrático.

Cuando una sociedad comienza a tomar decisiones políticas, económicas o sociales basándose en acusaciones sin pruebas, rumores virales o informaciones manipuladas, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de una publicación en las redes sociales.

No todos los comunicadores dominicanos incurren en estas prácticas. Existen profesionales responsables que investigan, contrastan fuentes, denuncian irregularidades y realizan una labor fundamental para mantener informada a la población.

Precisamente por respeto a esos profesionales y al derecho del pueblo a conocer la realidad, resulta necesario exigir mayor rigor a quienes utilizan los medios de comunicación como plataforma de influencia.

La libertad de expresión es un derecho fundamental. Investigar, verificar y rectificar es una responsabilidad. Tener miles de seguidores no convierte una mentira en verdad, ni tener un micrófono convierte una opinión en información comprobada.

Una democracia fuerte necesita comunicadores valientes para decir la verdad, pero también suficientemente responsables y humildes para reconocer cuando se equivocan.

Fuentes de referencia: Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, Universidad de Oxford, Digital News Report 2025; UNESCO, Journalism, Fake News & Disinformation; Constitución de la República Dominicana, artículo 49; Código Penal dominicano, Ley 74-25 y sus modificaciones.

ZabalaAlDía.com — La voz que conecta con la comunidad y la diáspora Dominicana.

Verificación de fuentes: Confirmé que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó el texto unificado del Código Penal con las modificaciones de la Ley 44-26. Los artículos 208, 209, 210 y 211 abordan la difamación, la difamación extorsiva, la injuria y determinadas expresiones protegidas. República Dominicana +4

También está confirmado el dato internacional del Instituto Reuters: el 47 % de los encuestados identificó a influencers y personalidades digitales como una de las principales amenazas de información falsa o engañosa. No es una cifra específica de República Dominicana. reutersinstitute.politics.ox.ac.uk

Puedes utilizar el artículo anterior como versión editorial final, manteniendo la distinción entre crítica legítima, desinformación y conductas que pueden constituir delitos.

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