Por:Martín Adames/De Ultimo Minuto
19 de junio de 2025
Compartir
La Procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, arremetió contra la decisión de la magistrada Fátima Veloz, quien le impuso una garantía económica y presentación periódica a los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, acusado de cometer homicidio involuntario contra 235 víctimas.
Ramos consideró que la decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público.
Dijo que la prisión preventiva solicitada a Antonio y la prisión domiciliaria solicitada a Maribel, buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set.
“Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, expresó la fiscal a través de sus redes sociales.
la jueza Fátima Veloz dictó medida coercitiva en contra de los hermanos acusados de homicidio involuntario, consistente en impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una aseguradora a cada uno.
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 235 personas muertas y las más 180 heridas del desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, el pasado 8 de abril.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El caso fue declarado complejo.
