La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este domingo al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que envíe a juicio a Jochi Gómez (José Ángel Gómez Canaán), propietario de la empresa Aurix, junto a Hugo Beras, exdirector del Intrant, y otros implicados en el caso Camaleón, un esquema de corrupción que involucra contratos irregulares, lavado de activos y sabotaje tecnológico. Según la Pepca, Gómez sería el cerebro de una red delictiva que desvió millones de pesos de fondos públicos a través de empresas vinculadas.
Jochi Gómez: El hombre detrás del entramado
José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, es señalado por la Pepca como el líder de un esquema corrupto que operó desde el Intrant y el Ministerio de Defensa. Según la acusación, Gómez utilizó su influencia y sus vínculos con múltiples empresas para obtener contratos irregulares y desviar recursos públicos a través de operaciones de lavado de activos.
🔹 Empresas bajo su control:
- Aurix S.A.S. (su empresa principal).
- Dekolor S.R.L.
- PagoRD Xchange S.R.L.
- Transcore Latam S.R.L.
Estas empresas habrían recibido acceso privilegiado a fondos públicos mediante contratos con el Intrant, sin cumplir con los principios de transparencia y legalidad.
El esquema de corrupción: Contratos, lavado y sabotaje
La Pepca detalla que el caso Camaleón se basa en un sistema de contratos y convenios irregulares entre el Intrant y empresas como Dekolor, PagoRD Xchange y Transcore Latam. Estas compañías, bajo la dirección de Gómez, habrían vulnerado la seguridad tecnológica del Estado y utilizado los fondos para operaciones de lavado de activos.
📌 ¿Cómo operaba el esquema?
- Contratos sin licitación: El Intrant y el Ministerio de Defensa firmaban acuerdos con empresas vinculadas a Gómez sin procesos transparentes.
- Desvío de fondos: Los recursos públicos eran transferidos a cuentas privadas bajo el pretexto de servicios tecnológicos.
- Sabotaje tecnológico: Se manipulaban sistemas críticos, como el pago electrónico y la gestión de tráfico, para justificar pagos adicionales.
Las pruebas de la Pepca: Documentos, transferencias y vínculos
La magistrada Mirna Ortiz, titular de litigación de la Pepca, presentó pruebas contundentes que demuestran la participación de Gómez y sus cómplices:
- Contratos firmados sin licitación pública.
- Transferencias bancarias sospechosas entre las empresas y cuentas personales.
- Documentos que vinculan a Gómez con las operaciones de lavado de activos.
- Declaraciones de testigos que confirman su papel como cerebro del esquema.
«Las pruebas demuestran que Jochi Gómez y sus empresas conformaron una red delictiva para estafar al Estado y lavar activos. No permitiremos que queden impunes», declaró Ortiz ante la jueza Yanibet Rivas.
Medidas de coerción: Riesgo de fuga y obstaculización de la justicia
La Pepca solicitó el mantenimiento de las medidas de coerción contra los acusados, incluyendo el impedimento de salida del país para Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, debido al riesgo de fuga. La magistrada Ortiz advirtió que la gravedad de las pruebas aumenta la posibilidad de que los implicados intenten eludir la acción de la justicia.
¿Qué sigue? El futuro del caso Camaleón
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional evaluará las pruebas presentadas por la Pepca y decidirá si envía a juicio de fondo a Gómez, Beras y los demás acusados. De ser así, tendrían que responder por delitos como:
- Estafa al Estado.
- Lavado de activos.
- Corrupción administrativa.
- Sabotaje tecnológico.
El impacto en la sociedad: Indignación y demanda de justicia
El caso Camaleón ha generado indignación en la sociedad dominicana, ya que involucra el desvío de recursos públicos que debían destinarse a servicios esenciales. La Pepca ha reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los fondos desviados.
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