Un conflicto legal sin precedentes La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana enfrenta una de sus mayores crisis institucionales en septiembre de 2026. Un alguacil de Nueva York, el City Marshal Martin A. Bienstock, ha dispuesto el embargo coercitivo de los equipos, mobiliario y enseres de la oficina del organismo en Manhattan, con una subasta pública programada para el 1 de octubre si no se salda una deuda que supera los 982,000 dólares. La medida responde a una sentencia federal emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la JCE por incumplimiento de contrato con la empresa Latin Events, LLC.
El origen del conflicto: Un contrato no cumplido El litigio se remonta a octubre de 2023, cuando la JCE firmó un convenio con Latin Events para la difusión publicitaria y registro de votantes durante la serie de béisbol disputada en el Citi Field de Nueva York. Aunque la condena inicial ascendía a 838,337.50 dólares, los intereses y recargos acumulados han elevado el monto a 982,261.88 dólares, cifra que sigue creciendo diariamente. La sentencia, emitida en noviembre de 2025, fue homologada en República Dominicana mediante el Auto 036-2026-SAUT-00294, decisión que la JCE ha recurrido en apelación.
Bienes embargados y riesgo operativo El embargo incluye computadoras, impresoras, mobiliario, televisores, obras de arte y otros enseres de la oficina de la JCE en el 1501 de Broadway, Manhattan. De no cancelarse la deuda 72 horas antes del 1 de octubre, estos bienes serán subastados públicamente, lo que afectaría gravemente las operaciones consulares y electorales para los dominicanos en el exterior, especialmente en la emisión de cédulas y registros civiles.
Un embargo paralelo en República Dominicana Además del embargo en Nueva York, Latin Events mantiene un embargo retentivo sobre las cuentas bancarias de la JCE en el Banco de Reservas. La empresa demandante ha dejado claro que continuará con las acciones legales hasta lograr el pago total de la deuda. Mientras tanto, la JCE insiste en agotar los recursos de apelación en los tribunales dominicanos para frenar la ejecución de sus fondos.
Un precedente legal y financiero Analistas jurídicos señalan que la falta de comparecencia oportuna de la JCE en los tribunales estadounidenses complicó su defensa. Este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad contractual de los órganos estatales en escenarios internacionales. La opinión pública espera un pronunciamiento oficial del Pleno de la JCE, mientras el plazo límite para evitar la subasta se acerca.
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