La ciudad de Nueva York obtuvo una victoria judicial que permite a la administración del alcalde Zohran Mamdani continuar con la implementación del impuesto a las propiedades de lujo utilizadas como segundas residencias, una de las medidas emblemáticas de su agenda económica.
El miércoles 4 de noviembre, la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, Segundo Departamento, revocó el fallo de un tribunal inferior que en septiembre había concedido protección temporal a un grupo de propietarios y ordenado a la ciudad corregir el procedimiento de notificación a los posibles contribuyentes.
Los magistrados determinaron que los demandantes no demostraron haber sufrido un perjuicio concreto que les otorgara legitimación para llevar el caso ante los tribunales. Ellos argumentaban que el Departamento de Finanzas había implementado incorrectamente el recargo al enviar notificaciones a personas cuyas propiedades podían estar sujetas al impuesto, incluso cuando algunas eran sus viviendas principales, y cuestionaban la publicación de un registro de inmuebles potencialmente afectados.
La corte consideró que recibir una carta informativa o aparecer en una lista pública de propiedades no constituye, por sí mismo, un daño suficiente para justificar una demanda, y señaló que los propietarios tampoco demostraron que la publicación hubiera provocado situaciones de acoso, fraude o algún otro perjuicio identificable.
Mamdani celebró la resolución y defendió que el impuesto permitirá que quienes pueden costearse una segunda vivienda de lujo contribuyan al financiamiento de los servicios que utiliza toda la población. «El recargo ayudará a financiar calles más seguras, parques más limpios y servicios públicos esenciales», afirmó en un comunicado, en el que aseguró que su administración continuará defendiendo la medida frente a los desafíos judiciales pendientes.
El impuesto grava propiedades residenciales de alto valor que no son utilizadas como vivienda principal por sus propietarios, inquilinos o familiares inmediatos que cumplan los requisitos. Las tasas varían según el tipo de inmueble: para casas de entre 5 millones y menos de 15 millones de dólares el recargo es de 0.8 % del valor de mercado, mientras que en viviendas de mayor precio puede llegar a 1.3 %. En el caso de condominios y cooperativas, las tarifas parten de 4 % para unidades de entre 1 millón y menos de 3 millones de dólares, y pueden alcanzar 6.5 % cuando su valor llega a 5 millones o más.
El fallo, sin embargo, no garantiza los ingresos ni cierra la batalla legal. El gobierno estima que el impuesto podría generar unos 500 millones de dólares anuales, pero el contralor municipal Mark Levine calculó previamente una cifra de hasta 380 millones a partir de unas 11,200 propiedades, y el Departamento de Finanzas ya concedió más de 8,800 solicitudes de exención. Además, la medida enfrenta tres impugnaciones distintas, entre ellas una demanda que cuestiona su constitucionalidad y en la que figuran el empresario de casinos Steve Wynn y el exsecretario de Comercio Wilbur Ross, quienes sostienen que el gravamen discrimina a propietarios que no residen permanentemente en Nueva York.
