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Arelis Suero/De Ultimo Minuto.
19 de junio de 2025
Santo Domingo.- El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que el Ministerio Público apelará la medida de coerción impuesta a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario tras el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el pasado 8 de abril que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
Durante su declaración a la salida del tribunal, Camacho fue enfático al afirmar que la decisión judicial no refleja la gravedad de los hechos ni el impacto social de la tragedia.
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“No estamos de acuerdo con la medida impuesta. El tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño causado a la sociedad dominicana, ni a las más de 130 familias que quedaron huérfanas”, expresó.
El tribunal dictó impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de 50 millones de pesos contra Antonio Espaillat y para Maribel Espaillat. Medidas que, a juicio del Ministerio Público, resultan desproporcionadas frente a la tragedia.
Camacho destacó que, a pesar de no compartir la decisión del tribunal en torno a la medida de coerción, hubo cuatro aspectos clave de la audiencia que respaldan la posición del Ministerio Público.
En primer lugar, subrayó el reconocimiento unánime a la calidad de la investigación realizada por el órgano persecutor. Tanto los querellantes como el propio tribunal validaron el trabajo técnico y legal llevado a cabo por los fiscales a cargo del caso Jet Set.
Asimismo, el tribunal confirmó la validez de la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público, ratificando que la figura de homicidio involuntario es la que corresponde al tipo penal aplicable en este proceso.
Como tercer punto, Camacho resaltó la declaratoria de caso complejo, acogida por el tribunal a solicitud del Ministerio Público. Esta decisión permite ampliar los plazos procesales, garantizando una investigación más exhaustiva y profunda.
Finalmente, el magistrado mencionó que la jueza se hizo eco de un planteamiento reiterado por la Procuraduría General: la necesidad urgente de reformar el Código Penal dominicano.
