SANTO DOMINGO — El Ministerio Público ejecución este jueves la Operación Senasa 2.0-A, una acción masiva para desarticular una red de corrupción que involucra a exfuncionarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otros actores acusados de defraudar al Estado con miles de millones de pesos. Hasta el momento, se han realizado 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, lo que ha resultado en la captura de al menos 28 personas.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, destacó que esta operación refuerza el compromiso de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Los equipos de fiscales, bajo el liderazgo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora Mirna Ortiz, han incautado bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego como parte de las investigaciones.
El caso: Corrupción sistemática en el sistema de salud
El 5 de agosto de 2026, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses para Hazim Albainy y otros implicados. Ada Ledesma Ubiera cumple arresto domiciliario desde el 16 de julio por razones de salud. Otros procesados, como Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez, enfrentan medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
El esquema de corrupción fue desmantelado inicialmente con la Operación Cobra, que permitió identificar un sistema de fraude liderado por el director ejecutivo del SeNaSa, en alianza con funcionarios de la ARS y prestadores de servicios de salud. Los acusados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Evidencias de fraude
El Ministerio Público ha recabado pruebas de:
– Sobornos a gran escala
– Adulteración de estados financieros
– Programas especiales sin base legal para distraer fondos públicos.
Los imputados perjudicaron a los afiliados del SeNaSa al defraudar a la ARS pública, afectando además a médicos éticos que cumplen con las normas profesionales y legales.
