Seis países latinoamericanos —Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú— emitieron una declaración conjunta durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, exigiendo el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. El documento, firmado el 20 de diciembre, refleja la profunda preocupación por el deterioro institucional en el país caribeño y su impacto en la región, especialmente por el éxodo masivo de venezolanos que huyen de la crisis.
Libertad para los presos políticos y apertura democrática El comunicado exige la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de la persecución a disidentes, instando al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar una transición pacífica hacia la democracia. Los firmantes, entre ellos los presidentes Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay), subrayaron que la situación en Venezuela ya no es un asunto interno, sino un problema continental que requiere una solución urgente.
Un enfoque diplomático y moderado A diferencia de posturas más radicales, el documento evita mencionar sanciones económicas o intervenciones militares, optando por un tono moderado que busca construir un consenso internacional. Sin embargo, la firmeza en la defensa de los derechos humanos deja claro que los seis países no tolerarán más abusos ni autoritarismo en Venezuela.
Bolivia rompe con su tradición chavista La participación de Bolivia en esta declaración es significativa, ya que históricamente ha mantenido una relación cercana con el chavismo. Este cambio sugiere un giro en la política exterior boliviana, alineándose con una postura más crítica hacia el gobierno de Maduro.
Brasil y Uruguay se mantienen al margen El comunicado no fue respaldado por Brasil ni Uruguay, que prefirieron una postura más cautelosa. El presidente brasileño, Lula da Silva, argumentó que una presión excesiva podría agravar la crisis humanitaria, reflejando las divisiones internas dentro del Mercosur sobre cómo abordar la situación venezolana.
Un Mercosur dividido frente a la crisis Mientras Argentina y Paraguay impulsan una condena firme bajo el Protocolo de Ushuaia, otros países, como Brasil, abogan por un diálogo inclusivo. Esta falta de unanimidad refleja las tensiones políticas en la región, donde algunos gobiernos priorizan la estabilidad sobre la condena abierta al régimen de Maduro.
Un compromiso de seguimiento Los seis países firmantes se comprometieron a vigilar de cerca la evolución de la crisis en Venezuela y a presionar hasta que se restaure la democracia. Este comunicado se suma a los esfuerzos de la OEA y otros organismos internacionales que han exigido el respeto a los derechos humanos y la libertad política en el país.
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