La Dirección General de Migración (DGM) y las instituciones de seguridad del Estado desarrollaron ayer una serie de operaciones de interdicción que permitieron la detención de 2,168 extranjeros en condición migratoria irregular en nuestro país. Los trabajos también incluyen la deportación de 1,344 nacionales haitianos indocumentados, quienes fueron entregados directamente a las autoridades de su lugar de origen, a través de los puntos de control fronterizo migratorio de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. La repatriación se hizo luego de los interdictos haber sido procesados, tomados los datos biométricos y huellas dactilares, en los centros de la DGM para esos fines.
Las operaciones se ejecutan priorizando un trato digno hacia los inmigrantes y cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales que garantizan el respeto a sus prerrogativas. Las áreas donde mayores detenidos hubo fueron Dajabón, con 279; Elías Piña, 265; el Gran Santo Domingo, 169; Zona Este, 93 y Azua, 69, entre otras demarcaciones. También se adicionan 890 capturados por el Ejército, el Cesfront y la Policía Nacional.
Igual que esas fuerzas de seguridad, con la DGM coordinan acciones los ministerios de Defensa y Público, la Armada, Fuerza Aérea, Ciutran y Digesett, entre otras. El trabajo combinado se manifiesta en la efectividad de una política migratoria ordenada, diseñada para garantizar la seguridad de la población, preservar la identidad nacional y fortalecer la soberanía del Estado.
La gestión migratoria que se implementa también ayuda a prevenir la proliferación de actividades ilícitas, fomenta la cohesión social y genera un entorno más seguro para todos los habitantes, promoviendo además un clima favorable para la inversión y el desarrollo económico del país. La República Dominicana ha llevado a cabo deportaciones masivas, dirigidas principalmente a haitianos. Muchos migrantes indocumentados son detenidos en «centros de recepción» como el notorio Centro de Retención Haina, donde observadores han denunciado condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento, trato abusivo y corrupción. Aunque la Ley General de Migración del país proporciona protección contra la detención para grupos vulnerables como mujeres embarazadas y posparto, ancianos y niños, estos grupos son frecuentemente detenidos en la práctica.
Además, hay obstáculos significativos que enfrentan las mujeres de origen haitiano que están indocumentadas o en una situación migratoria irregular para registrar el nacimiento de niños nacidos de un padre dominicano. El Comité instó a la República Dominicana a eliminar todas las barreras legislativas para garantizar que todos estos niños tengan acceso a la nacionalidad dominicana. El Comité invita al Estado parte a adoptar medidas humanas e internacionalmente aceptadas en el trato con migrantes indocumentados.
