Ismael «El Mayo» Zambada, el enigmático líder del Cártel de Sinaloa, rompió su silencio de décadas durante una audiencia en Nueva York, donde se declaró culpable de narcotráfico y admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos mexicanos durante más de medio siglo. Su testimonio no solo expone la magnitud de la corrupción que permitió el florecimiento del narcotráfico en México, sino que también desmonta el mito del «narco invisible», una figura que operó en las sombras durante años sin ser tocada por la justicia.
La confesión que sacudió a México: En una sala repleta de fiscales, agentes de la DEA y medios de comunicación, Zambada leyó una carta donde detalló cómo su organización corrompió instituciones a todos los niveles para garantizar la impunidad. «Desde el principio de mi carrera criminal, he pagado sobornos para operar sin obstáculos», admitió. Según documentos judiciales, el cártel bajo su mando traficó más de 1.5 millones de kilos de cocaína a Estados Unidos, generando ganancias millonarias que, en parte, se destinaron a comprar protección entre las autoridades mexicanas.
El secuestro y la entrega a EE.UU.: Zambada reveló que su captura en julio de 2024 fue el resultado de una trampa tendida por los herederos de «El Chapo» Guzmán, quienes lo secuestraron en Sinaloa y lo entregaron a las autoridades estadounidenses. «Fui llevado a la fuerza, sin mi consentimiento», declaró, desmintiendo versiones previas que sugerían una entrega negociada. Este relato añade un nuevo capítulo a la guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa, donde las alianzas y traiciones han sido moneda corriente.
El legado de un capo y las preguntas sin respuesta: Aunque Zambada se declaró culpable y evitó así un juicio que podría haberlo llevado a la pena de muerte, su confesión deja más preguntas que respuestas. ¿Hasta qué nivel llegó la corrupción? ¿Qué políticos o militares están involucrados? Aunque no mencionó nombres, su testimonio refuerza la idea de que el narcotráfico en México no podría haber crecido sin la complicidad de las instituciones. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha restado importancia a sus declaraciones, argumentando que cualquier acusación debe pasar por un proceso judicial riguroso.
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