Los hermanos Menéndez buscan libertad condicional tras 30 años en prisión por el asesinato de sus padres

Erik y Lyle Menéndez, condenados en 1996 a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, podrían obtener la libertad condicional tras casi tres décadas tras las rejas. Los hermanos, que tenían 18 y 21 años al momento del crimen, argumentaron en su defensa que actuaron en legítima defensa tras sufrir abuso sexual por parte de su padre, pero los fiscales sostuvieron que el motivo fue heredar la fortuna familiar.
En mayo de 2025, un juez de Los Ángeles redujo sus sentencias a 50 años a cadena perpetua, lo que los hizo elegibles para libertad condicional bajo la ley de California, ya que eran menores de 26 años cuando cometieron los crímenes. Ahora, un panel de comisionados evaluará si representan un riesgo para la sociedad. Erik Menéndez tendrá su audiencia el jueves, y Lyle Menéndez, el viernes, ambas por videoconferencia desde la prisión.
El proceso de evaluación incluirá su historial criminal, motivación para el crimen, comportamiento en prisión y planes futuros. Aunque la junta de libertad condicional podría aprobar su liberación, el gobernador Gavin Newsom tendrá la última palabra, con 30 días para ratificar o rechazar la decisión. Newsom ya ha señalado que revisará el caso con detalle, ya que ha aprobado y rechazado solicitudes similares en el pasado.
El caso de los hermanos Menéndez ha sido objeto de documentales, series y debates públicos durante décadas. Recientemente, el apoyo de figuras como Kim Kardashian y el reconocimiento de su condición de víctimas de abuso sexual han generado un movimiento a favor de su liberación. Durante su encierro, los hermanos han participado en programas educativos y de autoayuda, y han creado grupos de apoyo para otros reclusos.
Aunque los fiscales actuales argumentan que no han asumido plena responsabilidad por sus acciones, el juez que redujo sus sentencias consideró que habían demostrado rehabilitación. Además, está pendiente una petición de habeas corpus presentada en 2023, que busca revisar sus condenas con base en nuevas pruebas que respaldan sus afirmaciones de abuso.
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