El presidente Donald Trump anunció este martes que, a partir del 1 de febrero de 2026, su administración suspenderá la transferencia de fondos federales a las ciudades santuario, incluyendo Nueva York, bajo el argumento de que estas jurisdicciones protegen a delincuentes en lugar de priorizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La medida, que afectaría programas sociales y educativos clave, ha generado una reacción inmediata de líderes políticos y organizaciones comunitarias, que ya preparan una estrategia legal para impugnar la decisión en los tribunales. Activistas advierten que esta política perjudicaría a las familias trabajadoras, niños y ancianos, que dependen de estos recursos para servicios esenciales.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), liderada por Murad Awawdeh, denunció que la medida de Trump viola la Décima Enmienda de la Constitución, que protege la autonomía de los estados y ciudades frente a intromisiones federales. Awawdeh afirmó que las autoridades neoyorquinas desafiarán legalmente esta decisión, argumentando que los fondos ya fueron aprobados por el Congreso y no pueden ser retenidos arbitrariamente. Según datos de la contraloría municipal, Nueva York recibió $9,600 millones en fondos federales en el año fiscal 2025, lo que representa el 8.3% del presupuesto total de la ciudad, con un impacto directo en áreas como educación, servicios sociales y vivienda.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que la ciudad no cederá ante las amenazas federales y que está preparada para llevar el caso a los tribunales. «Nuestros valores y nuestras leyes no son moneda de cambio», declaró Mamdani en redes sociales, reafirmando el compromiso de proteger a los neoyorquinos. La gobernadora Kathy Hochul también se pronunció en contra de la medida, asegurando que Nueva York trabajará con el gobierno federal para perseguir delincuentes, pero no aceptará ataques contra familias trabajadoras. «Si la administración Trump intenta retener los fondos, nos veremos en los tribunales», advirtió.
La decisión de Trump no es nueva: en agosto de 2025, un juez federal en San Francisco bloqueó un intento similar de retener fondos a ciudades como Boston, Chicago y Los Ángeles. Más recientemente, el 9 de enero de 2026, otro juez en Nueva York frenó temporalmente la suspensión de subsidios para programas de cuidado infantil en cinco estados. Estos antecedentes legales fortalecen la posición de Nueva York para impugnar la medida, basándose en que los fondos ya están asignados y aprobados por el Congreso, y que su retención sería una violación de la ley federal.
