El presidente Luis Abinader no se quedó callado ante las críticas de la oposición sobre el endeudamiento de su gobierno. En una intervención que combinó datos duros y un tono desafiante, el mandatario retó a sus detractores a debater con cifras en la mano, argumentando que el 80% de los préstamos adquiridos durante su gestión se utilizaron para honrar compromisos contraídos por los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Según Abinader, esta es una verdad incómoda que la oposición prefiere ignorar, centrándose en números absolutos que, aunque impactantes, no reflejan la realidad del esfuerzo fiscal de su administración.
El mandatario fue enfático al señalar que, bajo su liderazgo, la deuda pública como porcentaje del PIB ha disminuido por primera vez en años, pasando de un 49.7% a un 46.9%. Este logro, según él, contrasta con el legado de sus predecesores: durante el gobierno de Leonel Fernández, la deuda aumentó en 2.1 puntos porcentuales, mientras que en la administración de Danilo Medina el incremento fue de 19.2 puntos, una cifra que Abinader calificó como «insostenible». Sin embargo, lo que no aclaró es cómo este descenso porcentual se traduce en un alivio real para las finanzas del Estado, especialmente cuando el servicio de la deuda —es decir, el pago de intereses— sigue consumiendo una parte significativa del presupuesto nacional.
Un aspecto que generó particular interés fue la mención al sector turístico como uno de los pilares de la estrategia económica del gobierno. Abinader anunció con optimismo que el país superará los 11.5 millones de turistas en 2025, un récord que, según él, demuestra la solidez de las políticas implementadas. No obstante, este crecimiento no está exento de riesgos. Analistas advierten que la dependencia de un solo sector —especialmente uno tan vulnerable a crisis externas como el turismo— podría dejar a la economía dominicana en una posición frágil si las condiciones globales se deterioran. Además, el presidente no detalló cómo los ingresos generados por este boom turístico se están reinvirtiendo en otros ámbitos, como la educación o la infraestructura social.
Otro tema que quedó en el aire fue la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde Abinader evitó dar explicaciones claras sobre por qué ninguno de los jueces evaluados fue ratificado en sus cargos. Su respuesta, limitada a una referencia genérica a la Constitución, no satisfizo a quienes esperaban un análisis más profundo sobre los criterios utilizados. En cambio, fue José Ignacio Paliza, presidente del PRM, quien ofreció una justificación más elaborada, destacando que el gobierno actual ha roto con las prácticas del pasado al priorizar perfiles técnicos sobre lealtades partidistas. Sin embargo, esta afirmación choca con informes de organizaciones como Participación Ciudadana, que han documentado vínculos políticos en otras instancias judiciales.
Lo que queda claro tras las declaraciones de Abinader es que el debate sobre la deuda pública está lejos de agotarse. Mientras el gobierno insiste en que su gestión ha sido la más responsable en décadas, la oposición y sectores de la sociedad civil exigen mayor transparencia, especialmente en lo que respecta al 20% de los préstamos no destinados a deuda heredada y al impacto real de las políticas económicas en la vida de los ciudadanos. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, las palabras del presidente pueden haber calmado temporalmente las aguas, pero no han logrado cerrar el debate. La pregunta sigue en el aire: ¿estamos realmente ante una reducción de la deuda o ante una reorganización contable que pospone el problema para el futuro?
