Una respuesta contundente a las denuncias de irregularidades en el mantenimiento de infraestructura educativa
Santo Domingo, 2 de octubre de 2025 — En un intento por frenar las prácticas irregulares que han afectado el mantenimiento de las escuelas públicas, el presidente Luis Abinader ha dado un paso sin precedentes: la creación de una comisión especial para fiscalizar los contratos en este sector. El Decreto 569-25, publicado este jueves, designa a Julio Cordero como comisionado presidencial, con la misión de revisar, auditar y proponer mejoras en la gestión de los recursos destinados a la infraestructura educativa.
El problema: ¿Por qué era necesaria esta medida?
Las denuncias sobre sobreprecios, trabajos mal ejecutados y falta de transparencia en los contratos de mantenimiento escolar no son nuevas. En 2023, un reporte de Participación Ciudadana reveló que:
- El 40% de las escuelas auditadas presentaba deficiencias estructurales pese a haber recibido fondos para reparaciones.
- En algunos casos, se detectaron contratos firmados con empresas fantasmas o sin experiencia comprobable.
- Existían discrepancias de hasta un 300% entre los precios cotizados y los finalmente pagados.
«Este es un problema que viene arrastrándose desde gobiernos anteriores. La diferencia ahora es que se está actuando», comentó Carlos Soto, economista y analista político.
Julio Cordero: El perfil del hombre encargado de la misión
Con una maestría en Administración Pública y experiencia en la Contraloría General, Cordero tiene un historial de lucha contra la corrupción. Durante su gestión en la Dirección de Ética Gubernamental (2018-2020), impulsó la digitalización de procesos para reducir discrecionalidades en las contrataciones.
Su designación como comisionado le otorga poderes amplios, incluyendo: ✅ Acceso a registros confidenciales de contratos y pagos. ✅ Facultad para convocar a declaraciones a funcionarios y contratistas. ✅ Capacidad para recomendar sanciones administrativas o penales.
«No será un trabajo fácil, pero es necesario. La educación no puede seguir siendo rehén de la corrupción», declaró Cordero en una breve entrevista con Listín Diario.
Mecanismos de fiscalización: ¿Cómo se hará el trabajo?
La comisión utilizará un enfoque multidimensional que incluye:
- Auditoría documental: Revisión de todos los contratos firmados desde 2020, con énfasis en:
- Cumplimiento de plazos.
- Calidad de los materiales utilizados.
- Correspondencia entre lo pagado y lo ejecutado.
- Visitas de campo: Inspecciones sorpresivas en escuelas para verificar el estado real de las infraestructuras.
- Análisis de datos: Uso de inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos en las contrataciones.
- Participación ciudadana: Se habilitará un portal web donde padres, docentes y comunidad puedan reportar irregularidades.
«La tecnología será nuestra mejor aliada para identificar anomalías», explicó Ana María Vargas, experta en transparencia de Transparencia Internacional.
¿Qué pasará con los contratos irregulares?
El decreto establece un protocolo claro para actuar frente a irregularidades:
- Suspensión inmediata de contratos con evidencia de fraude.
- Devolución de fondos en casos de sobreprecios comprobados.
- Inhabilitación de empresas y funcionarios involucrados en prácticas corruptas.
- Remisión a la Justicia para casos que ameriten investigación penal.
«No habrá tolerancia. Quienes hayan robado recursos destinados a la educación responderán ante la ley», advirtió un vocero de la Procuraduría General.
Impacto esperado: Más allá de la fiscalización
Más que una caza de brujas, esta iniciativa busca: 🔹 Recuperar la confianza en las instituciones educativas. 🔹 Optimizar el uso de recursos para mejorar la calidad de las escuelas. 🔹 Sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector público. 🔹 Atraer más inversión en educación al demostrar transparencia.
«Si logran limpiar este sector, será un ejemplo para otras áreas del gobierno», opinó Rafael Santos, director del Observatorio de Políticas Públicas.
