Una normativa que aumenta la carga para el sector empresarial
El presidente Luis Abinader ha promulgado la Ley 36-26, que modifica la normativa sobre residuos sólidos y aumenta los pagos que deben realizar las empresas, incluso para aquellas que no generen ganancias. La ley, aprobada de manera exprés por el Congreso, entró en vigor de inmediato, según lo confirmado por el consultor jurídico de la Presidencia, Jorge Subero Isa, en una comunicación enviada al Senado el 9 de julio.
Detalles de los nuevos pagos
La ley establece una nueva escala de contribuciones basada en los ingresos brutos anuales de las empresas, con cambios significativos:
- 0 a 5 millones de pesos: 5,000 pesos anuales (antes solo pagaban 3,000 las empresas con ingresos hasta 1 millón).
- 5 a 10 millones de pesos: 6,000 pesos (sin cambios).
- 10 a 25 millones de pesos: 25,000 pesos (antes 20,000).
- 25 a 50 millones de pesos: 90,000 pesos (antes 155,000).
- 50 a 80 millones de pesos: 120,000 pesos (antes el rango de 50 a 100 millones pagaba 260,000).
El mayor impacto recae en las empresas con ingresos superiores a 100 millones de pesos, para las cuales se elimina la tarifa fija de 675,000 pesos y se implementa una escala progresiva que oscila entre 400,000 y 2.2 millones de pesos, según sus ingresos.
Rechazo del sector empresarial
La aprobación de esta ley ha generado críticas generalizadas entre las organizaciones empresariales, que cuestionan tanto el contenido de la reforma como la velocidad de su aprobación. El proyecto, presentado por el senador Antonio Marte, fue aprobado en solo cinco días, sin estudios previos en comisiones y bajo un procedimiento de urgencia.
Preocupaciones clave
- William Malamud (AmchamDR): Insistió en que las reformas que afectan la competitividad y el clima de inversión deben ser discutidas con mayor tiempo y participación, respaldadas por evidencia.
- Celso Juan Marranzini (Conep): Expresó su inquietud por el aumento de la carga para empresas y consumidores, que ya enfrentan mayores retenciones por medidas económicas recientes. Además, cuestionó la falta de transparencia en el uso de los recursos recaudados y la ausencia de consultas con el sector privado y el fideicomiso DO Sostenible.
- Asonahores: Solicitó una revisión técnica más profunda y un diálogo con los sectores productivos antes de la implementación de la ley.
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