Ángel Martínez, conocido como «El Detective», enfrenta medidas de coerción impuestas por un tribunal de Santiago. Estas medidas incluyen la presentación periódica ante las autoridades, la prohibición de salir del país y el uso de un grillete electrónico para su monitoreo. Estas acciones judiciales se derivan de una acusación por difamación e injuria contra el empresario Arnulfo Gutiérrez.
La abogada Juliana Adames, representante del querellante, ha señalado que las declaraciones de Martínez han causado un grave perjuicio no solo a la imagen de Gutiérrez, sino también a otras figuras públicas involucradas indirectamente. El Ministerio Público está investigando si estos actos forman parte de una conducta sistemática de difamación a través de medios digitales.
Además, el Ministerio Público ha indicado que Ángel Martínez podría ser el cabecilla de una estructura delictiva que opera desde plataformas digitales, dedicándose al chantaje y la extorsión. Entre los querellantes se encuentran la ministra Faride Raful y el político Roberto Fulcar, entre otros.
El caso continúa bajo investigación, y se espera que en las próximas semanas se amplíen las acusaciones formales contra Martínez. Mientras tanto, «El Detective» deberá cumplir con las medidas impuestas y presentarse mensualmente ante las autoridades judiciales.
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