Un proceso viciado desde el origen
La defensa del exministro Gonzalo Castillo solicitó la nulidad absoluta del proceso judicial en su contra, tras demostrar que el Ministerio Público incurrió en fraude procesal y presentó la acusación fuera del plazo legal. Según los abogados, el expediente fue depositado 14 días después de la fecha límite, generando un vacío en la cadena de custodia que imposibilita garantizar su integridad.
Pruebas manipuladas y sin sustento legal
El equipo legal, liderado por Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo, denunció que los peritajes financieros fueron elaborados con información obtenida antes de contar con autorización judicial, lo que invalida su validez. Además, señalaron que los informes presentados por la PEPCA contienen fechas alteradas, peritajes duplicados y análisis realizados por peritos subordinados al Ministerio Público, lo que anula su independencia y credibilidad.
Justicia selectiva y motivaciones políticas
La defensa acusó al Ministerio Público de proteger a ciertos imputados, como José Pablo Ortiz Giráldez, mientras persigue a Castillo con fines políticos. «El órgano acusador no investigó hechos, sino personas», declaró Acosta, quien advirtió que el caso Calamar fue diseñado para inhabilitar al PLD y afectar su participación en futuros comicios. Este esquema de «justicia selectiva» debilita el Estado de derecho y desvirtúa la lucha contra la corrupción.
Solicitud de nulidad y falta de pruebas
Los abogados insistieron en que la acusación carece de coherencia interna y se apoya en pruebas defectuosas o manipuladas. «No se trata de proteger a una persona, sino de defender las reglas del debido proceso», afirmaron, al señalar que el Ministerio Público omitió deliberadamente líneas de investigación que comprometían a otros implicados. Por ello, solicitaron al tribunal declarar inadmisible la acusación, al entender que el proceso no puede sustentarse en una construcción que violó el plazo legal y el debido proceso.
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