Santo Domingo, República Dominicana. Los principales partidos de oposición han solicitado una investigación sobre la administración de los programas sociales del Gobierno dominicano, tras expresar sospechas sobre posibles irregularidades en la incorporación de beneficiarios.
El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo respaldaron la solicitud de una auditoría al programa Supérate, según informaciones publicadas este jueves 19 de noviembre.
Los cuestionamientos están relacionados con la incorporación de cientos de miles de personas a los programas de asistencia estatal.
Representantes opositores sostienen que algunas incorporaciones podrían haberse realizado antes de completar las evaluaciones socioeconómicas correspondientes.
La Fuerza del Pueblo solicitó la intervención de la Cámara de Cuentas y planteó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa examine posibles irregularidades.
El dirigente peledeísta Yván Lorenzo cuestionó los procedimientos de incorporación y consideró necesario revisar el destino de los recursos públicos.
Otros representantes opositores coincidieron en que los programas de protección social deben beneficiar a las familias que realmente cumplen con los criterios establecidos.
Sin embargo, las acusaciones han sido rechazadas por las autoridades responsables.
Mayra Jiménez, titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, afirmó que el proceso de selección y depuración de beneficiarios se realiza mediante el Sistema Único de Beneficiarios, conocido como Siuben.
La funcionaria defendió la transparencia del procedimiento y rechazó los señalamientos de la Fuerza del Pueblo.
El debate coloca en primer plano la importancia de la supervisión de los programas de asistencia social.
Estas iniciativas buscan apoyar a hogares vulnerables mediante transferencias y otros mecanismos de protección económica.
Por su naturaleza, requieren criterios claros de selección, controles administrativos y mecanismos de rendición de cuentas.
Una auditoría permitiría examinar los procedimientos aplicados y determinar si existen deficiencias que deban corregirse.
No obstante, las denuncias políticas no constituyen por sí mismas pruebas de corrupción ni permiten establecer responsabilidades penales.
Las conclusiones deberán depender de las investigaciones realizadas por las instituciones competentes.
Mientras tanto, el caso continúa generando confrontaciones entre el oficialismo y los principales partidos opositores.















