“ICE no tiene lugar en nuestros tribunales. Los inmigrantes que siguen el debido proceso no deberían temer la amenaza de detención y deportación cuando se presentan ante la corte de inmigración. Debemos seguir defendiendo la justicia y la transparencia en nuestro proceso migratorio. Los estadounidenses y los inmigrantes en este país lo merecen nuestros valores así lo exigen”, dijo Espaillat en su cuenta de redes sociales.
José Zabala, creador de contenido
Nueva York.– El congresista Adriano Espaillat respaldó la decisión de un juez federal que limita los arrestos realizados por agentes de ICE dentro y alrededor de varias cortes de inmigración de la ciudad de Nueva York, medida considerada como un importante freno a prácticas implementadas durante políticas migratorias impulsadas bajo la administración de Donald Trump.
Espaillat, quien ha mantenido constantes enfrentamientos políticos contra medidas migratorias consideradas intimidatorias e injustas, volvió a defender públicamente el debido proceso y la transparencia dentro del sistema migratorio estadounidense.
Como presidente del Congressional Hispanic Caucus, Adriano Espaillat también ha encabezado iniciativas para exigir supervisión sobre ICE y denunciar prácticas consideradas injustas contra comunidades inmigrantes.
La decisión fue emitida por el juez federal P. Kevin Castel y aplica específicamente a las cortes de inmigración ubicadas en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway en Manhattan, donde en los últimos meses se reportaron múltiples arrestos de personas que acudían a cumplir con sus audiencias migratorias.
El juez reconoció que el gobierno tiene interés en hacer cumplir las leyes migratorias, pero sostuvo que también existe un interés público en garantizar que las personas puedan asistir a sus procesos judiciales sin temor a ser arrestadas dentro de los tribunales.
El fallo surge tras demandas impulsadas por la New York Civil Liberties Union, la American Civil Liberties Union y Make the Road New York, entre otros grupos defensores de derechos civiles.
Aunque la orden judicial no tiene alcance nacional y contempla excepciones en casos considerados amenazas graves para la seguridad pública, líderes comunitarios y defensores de inmigrantes consideran la decisión como una victoria importante para la confianza y la transparencia dentro del sistema migratorio de los Estados Unidos.
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