El presidente Luis Abinader firmó este martes el decreto 675-26, mediante el cual se reforma el Reglamento de Licencias de Conducir para dar cumplimiento a la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que invalidó la reducción a dos años de la vigencia del documento para las personas mayores de 75 años.
Con la nueva disposición —que deroga el decreto 330-26—, todas las licencias y autorizaciones para conducir tendrán una duración uniforme de cuatro años, venciendo el día del cumpleaños de su titular, tal como establece el artículo 208 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
## La edad ya no será criterio de discriminación
Más allá de acatar el fallo del alto tribunal, el Ejecutivo adoptó salvaguardas adicionales: en ningún supuesto la edad podrá emplearse como único parámetro para limitar, acortar o negar una licencia. La aptitud del conductor se determinará mediante exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación alguna, bajo las atribuciones que la ley confiere al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
La normativa precisa además que la suspensión o cancelación del documento solo procederá por las causales legales: el incumplimiento de los requisitos exigidos o la acreditación médica de una imposibilidad permanente, física o mental, para conducir, siempre garantizando el debido proceso administrativo.
## El contexto: años de vaivenes normativos
La medida culmina un trayecto accidentado. En 2019, un decreto del entonces presidente Danilo Medina dispuso que a partir de los 65 años la licencia debía renovarse cada dos años. En mayo pasado, Abinader elevó ese umbral a los 75 años mediante el decreto 330-26, que categorías como la 03 y 04 dejaba con vigencias de apenas un año tras esa edad.
El pasado 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el párrafo correspondiente del artículo 21, dejando la edad como criterio excluyente fuera del ordenamiento jurídico.
## Un mensaje de institucionalidad
El Gobierno sostiene que con esta decisión ratifica su compromiso con el Estado Social y Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales, en especial de los adultos mayores, y reitera su disposición a cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional.
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