El presidente Luis Abinader ha firmado el decreto 76-25, que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. Esta iniciativa surge tras recibir denuncias de corrupción en diversas provincias del país, como anunció en una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.
Aunque Abinader no detalló las provincias ni los casos específicos, mencionó que las denuncias abarcan niveles altos, medios y de contacto territorial. «Hemos recibido denuncias en las provincias que van más allá, y debemos abordarlas en todos los niveles», afirmó.
El propósito de la nueva comisión es intensificar la lucha contra la corrupción en la administración pública. «Es un sistema de respeto institucional y transparencia. Todo es ganar-ganar en la lucha por la transparencia y contra la corrupción», declaró el presidente.
La comisión, coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y dirigida ejecutivamente por Contrataciones Públicas, implementará estrategias de prevención, transparencia, acceso a la información, auditorías y recuperación de activos ilícitos.
Entre sus funciones, la comisión supervisará compras y contrataciones del Estado, recuperará bienes adquiridos ilícitamente, creará un observatorio de transparencia y fortalecerá un sistema nacional de denuncias de corrupción. Además, se establecerán acciones para recuperar fondos desviados en coordinación con organismos nacionales e internacionales.
Abinader subrayó la importancia del involucramiento ciudadano en la lucha contra la corrupción. «El acceso a la información pública, las denuncias de corrupción a través de canales oficiales y la inclusión de la sociedad civil y medios de comunicación en la supervisión son fundamentales», dijo.
El presidente recordó que se han remitido 47 denuncias al Ministerio Público por la DIGEID, 426 informes al PEPCA por la Unidad Antifraude de la Contraloría y se han cancelado 108 procesos por Compras y Contrataciones. Además, se han registrado 160 resoluciones que inhabilitan el registro de proveedores de funcionarios, y el país ha mejorado 33 posiciones en el índice de percepción de corrupción (IPC) desde 2020.
