El senador Adriano Espaillat, junto con otros miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha presentado una demanda contra la administración Trump-Vance. La demanda acusa a la administración de una «obstrucción ilegal» a la supervisión del Congreso sobre los centros federales de detención de inmigrantes y por la detención de extranjeros sin el debido proceso.
Alegaciones de la Demanda
Los demandantes alegan que la administración ha implementado una política ilegal que impide a los miembros del Congreso obtener información necesaria para cumplir con su deber constitucional. Este deber incluye garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumpla con la ley federal al operar estas instalaciones y supervisar el uso de miles de millones de dólares de los contribuyentes. La administración ha impuesto un período de espera de siete días y ha prohibido el acceso a las oficinas locales donde se encuentran personas detenidas, a pesar de una ley federal que prohíbe estas restricciones.
Detalles de la Demanda
La demanda, presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, exige que la administración cumpla con una ley federal que garantiza a los miembros del Congreso el derecho a realizar visitas de supervisión a cualquier sitio del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sin previo aviso. Además de Espaillat, los demandantes incluyen al líder demócrata asistente Joe Neguse, el miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional Bennie G. Thompson, y otros congresistas como Jamie Raskin, Robert García, J. Luis Correa, Jason Crow, Verónica Escobar, Dan Goldman, Jimmy Gómez, Raúl Ruiz y Norma Torres.
Representación Legal
Los líderes del Congreso están representados por Democracy Forward Foundation y American Oversight. El equipo legal de Democracy Forward en este caso incluye a Christine Coogle, Lisa Newman, Paul Wolfson, Brian Netter y Josephine Morse. El equipo legal de American Oversight incluye a Daniel Martínez, Katherine Anthony, Ronald Fein y Jessica Jensen.
Declaraciones de Adriano Espaillat
Adriano Espaillat, quien preside el Caucus Hispano del Congreso, afirmó que «en un momento en que la Administración detiene a más personas que nunca —más de 58,000— y aumentan los informes de malos tratos, hacinamiento, condiciones insalubres y la detención de ciudadanos estadounidenses, la necesidad de una supervisión en tiempo real sobre el terreno nunca ha sido tan urgente». Además, destacó que «los recientes despidos masivos del personal de supervisión interna del DHS no hacen más que acentuar la preocupación por esta conducta y posibles abusos».
Impacto en la Democracia
Espaillat también declaró que «la obstrucción a la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia». Recordó que «desde el primer día, hemos sido testigos de los esfuerzos sistemáticos de la Administración Trump para deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles —incluyendo a ciudadanos estadounidenses— y utilizar a las agencias federales como arma para llevar a cabo una agenda de deportación masiva basada en la crueldad y el caos».
Conclusión
La demanda busca garantizar el acceso y la rendición de cuentas, utilizando todas las herramientas legales y legislativas disponibles para exigir responsabilidad a la administración. Este caso subraya la importancia de la supervisión del Congreso y la transparencia en la operación de los centros de detención de inmigrantes, así como la necesidad de proteger los derechos constitucionales y la dignidad humana.
