El presidente Luis Abinader enfrenta un desafío significativo con el reciente Código Penal aprobado por el legislativo dominicano. Aunque el proyecto ha sido aprobado, hay aspectos que podrían generar controversias y desafíos para su administración.
El Dilema del Código Penal
El principal problema no es que los legisladores del PRM hayan omitido las tres causales del aborto, a pesar de que Abinader se pronunció a favor de ellas. El verdadero dilema es que el código podría debilitar su lucha contra la corrupción, un aspecto crucial de su gobierno.
Prescripción de Delitos por Corrupción
El nuevo Código Penal permite la prescripción de los delitos por corrupción, lo que podría socavar los esfuerzos del presidente para combatir este problema. Abinader sabe que no puede observar el proyecto por desacuerdos personales, sino que debe basarse en violaciones específicas o contradicciones con la Constitución.
Plazo para la Decisión
El presidente tiene un plazo de cinco días para promulgar u observar el proyecto. Esta decisión es particularmente delicada, ya que la discusión del código involucró a su esposa, Raquel, y a dos de sus hijas. Observar el proyecto podría generar una confrontación con los congresistas, aunque esto podría ser lo de menos en comparación con las implicaciones más amplias.
Implicaciones Políticas
La decisión que tome Abinader tendrá importantes implicaciones políticas. Promulgar el código podría ser visto como una aceptación de medidas que debilitan la lucha contra la corrupción, mientras que observar el proyecto podría generar tensiones con el legislativo y dentro de su propio partido.
Contexto y Antecedentes
El debate sobre el Código Penal ha sido intenso y ha involucrado a diversos actores políticos y sociales. La participación de la familia del presidente en la discusión añade una capa adicional de complejidad, ya que cualquier decisión que tome podría tener repercusiones personales y políticas.
Conclusión
En resumen, Luis Abinader se encuentra en una encrucijada donde debe equilibrar sus principios y compromisos con las realidades políticas y legales. La decisión que tome en los próximos días será crucial no solo para su administración, sino también para el futuro de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
