Un nuevo proyecto de ley da continuidad a los esfuerzos del Congreso para exigir una mayor supervisión y mejores condiciones en los centros de detención de inmigrantes de todo el país
WASHINGTON, DC – El congresista Adriano Espaillat (NY-13), la Rep. Bonnie Watson Coleman (NJ-12) y el senador federal Cory Booker (D-NJ) presentaron la Ley del Derecho de los Gobernadores a Inspeccionar (Governor’s Right to Inspect Act) durante el 119.º Congreso. Este proyecto de ley bicameral tiene como objetivo otorgar a los gobernadores el derecho a realizar visitas de supervisión a los centros de detención de inmigrantes para verificar las condiciones de salud y seguridad, así como garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Esta legislación se introduce en un momento de creciente alarma sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes y el desmantelamiento progresivo de los mecanismos de supervisión federal destinados a proteger la salud, la seguridad y los derechos civiles de los detenidos. Durante años, diversas investigaciones han revelado patrones de trato deficiente y, en ocasiones, francamente inhumano, incluyendo negligencia médica, muertes que pudieron haberse evitado y condiciones de vida crónicamente inseguras. Varios gobernadores, entre ellos la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, han intentado realizar inspecciones para proteger a las personas detenidas dentro de sus estados, pero han sido bloqueados por las autoridades federales, lo que les ha impedido verificar si se están cumpliendo las leyes estatales.
“Cerca de 50 personas han fallecido bajo custodia del ICE desde principios de 2025 —la cifra de muertes más alta de los últimos 20 años—, lo que genera una urgente preocupación sobre las condiciones de atención médica y las deficiencias en estos centros”, dijo el Rep. Espaillat. “Presento la Ley del Derecho de los Gobernadores a Inspeccionar de 2026 para proteger el interés constitucional y cívico de los gobernadores en salvaguardar el bienestar de las personas alojadas en centros dentro de sus estados. Dadas las circunstancias desgarradoras que hemos presenciado en todo el país y el deterioro de las condiciones reportado en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, debemos hacer todo lo posible para garantizar un trato humano básico, así como la supervisión de la salud y la seguridad”.
“Delaney Hall apareció por primera vez en los titulares nacionales el año pasado, cuando el alcalde de Newark, Ray Baraka, fue arrestado por insistir en que se permitiera a los inspectores de salud acceder a las instalaciones para realizar su trabajo. Casi un año después, a la gobernadora Sherrill primero se le impidió entrar en Delaney Hall para llevar a cabo una inspección similar y, posteriormente, se le ‘permitió’ el acceso bajo condiciones restringidas, sin contar con acceso pleno. Estas instalaciones federales han sido objeto de acusaciones creíbles de graves infracciones de las normas básicas de salud y seguridad. La legislación federal otorga a los miembros del Congreso el derecho a acceder a estas instalaciones; extender dicho derecho a los gobernadores garantizará una mayor rendición de cuentas ante resultados deplorables”, dijo la Rep. Watson Coleman.
“El Congreso debe garantizar que ningún centro de detención en Nueva Jersey ni en ningún otro lugar del país pueda operar sin una supervisión rigurosa. He visto de primera mano las condiciones inhumanas en Delaney Hall y en centros de detención de todo el país, condiciones que deberían alarmar a todos los estadounidenses. Los gobernadores y funcionarios estatales tienen la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de las personas dentro de sus fronteras, y los contribuyentes merecen saber qué está ocurriendo dentro de estas instalaciones”, dijo el senador Cory Booker. “A medida que esta Administración continúa deteniendo a más personas que no representan ninguna amenaza para la seguridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales; son esenciales. Esta legislación garantiza que los funcionarios estatales finalmente puedan exigir rendición de cuentas a los operadores de estos centros de detención.”
La Ley del Derecho de los Gobernadores a Inspeccionar garantizaría que no se niegue a los gobernadores el acceso a los centros de detención de inmigrantes, autorizando la realización de inspecciones de salud y seguridad in situ. Este proyecto de ley constituye un paso fundamental para complementar los programas federales de inspección existentes y asegurar que los gobernadores ejerzan funciones de supervisión dentro de sus estados.
